Modificaciones a la Ley de Seguridad Privada
del 29 de Abril de 2011
Publicado en la revista Seguridad en America, edición de Julio - Agosto de 2011

En su sesión del viernes 29 de Abril de 2011, la Cámara de Senadores aprobó modificaciones a la Ley Federal de Seguridad Privada, cuyo contexto general es un reconocimiento formal de la existencia y condiciones diferenciales para los servicios de alarmas y de su monitoreo. Este simple hecho es trascendental porque se reconoce la realidad de un ámbito de los servicios de seguridad privada con características muy particulares y de gran proliferación en los últimos años, ante la intensificación de las condiciones de inseguridad en el País.

El origen de esta iniciativa de ley se remonta a 2008, cuando fue presentada originalmente por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado, a través de los senadores Humberto Aguilar Coronado y Felipe González González, para un trámite legislativo que llevo la friolera de casi tres años entre las aprobaciones sucesivas de ambas Cámaras, primero la de Senadores (el 29 de Abril de 2010), después la de Diputados (de septiembre de 2010 a Febrero de 2011) y nuevamente la de Senadores hasta llegar a una versión definitiva según se publico en la Gaceta del Senado en la fecha antes citada. Entre las modificaciones relevantes, se destacan las siguientes:

  • La especificación de los sistemas de alarmas, mediante la adición de la fracción XIV al Artículo 2 de la Ley.
  • La especificación de los servicios de monitoreo, mediante la adición de la fracción XV al Artículo 2 de la Ley.
  • La especificación de los centros de monitoreo, mediante la adición de la fracción XVI al Artículo 2 de la Ley.
  • La especificación de los sistemas de redundancia, mediante la adición de la fracción XVII al Artículo 2 de la Ley.
  • La especificación de los sistemas de alarma y servicios de monitoreo como una modalidad de los servicios de seguridad privada, mediante la modificación de la fracción IV en el Artículo 2 de la Ley, y el recorrido de las antiguas modalidades de las fracciones IV, V y VI a las nuevas fracciones V, VI y VII respectivamente.
  • La especificación de las condiciones particulares para la operación de los sistemas de alarma y los servicios de monitoreo, mediante la adición del Título Séptimo, con los Artículos del 45 al 50.

Sin embargo aun con todo el avance que representa esta modificación, adolece de cierta insuficiencia ya que solo considera una de las tres principales vertientes de los sistemas de vigilancia, los sistemas de alarmas, y omite la consideración de las otras dos, tal vez de menor presencia en el mercado de los servicios de vigilancia, pero de fuerte crecimiento, y que son los sistemas de videovigilancia o circuito cerrado de televisión (CCTV) así como los sistemas de geolocalización o GPS.

La repercusión de esta omisión es que se deja en la incertidumbre la regulación de dos ámbitos de servicios de seguridad privada de creciente demanda, y con mayores posibilidades de riesgo para los usuarios de los mismos. Esto en virtud de que mientras un sistema de alarmas está generalmente confinado a la vigilancia de una instalación fija y se enfocan a detectar la manifestación de ciertas condiciones físicas, los sistemas de videovigilancia o CCTV se enfocan a la vigilancia de personas, incluyendo el registro de su apariencia y sus actividades, mientras que los sistemas de geolocalización se enfocan a la ubicación de vehículos por lo regular que transportan bienes, lo que representa una mayor posibilidad de exposición ante potenciales agresores, en particular la delincuencia.

En este sentido, dado el tiempo de proceso que llevó el trámite esta legislación, puede ser preocupante que una nueva propuesta de modificación para incorporar estas formas de los servicios de vigilancia, videovigilancia o CCTV y geolocalización o GPS, pudiera llegar a tomar un tiempo similar de casi tres años, lo cual dejaría sujeto a una interpretación de una legislación poco compatible a los usuarios de estos servicios no contemplados en esta modificación.

Para estos efectos si bien a nadie conviene que los procesos legislativos se eternicen para supuestamente elaborar regulaciones completas, ya que lo perfecto es enemigo de lo bueno, tampoco es conveniente generar esquemas regulatorios insuficientes que descuiden cuestiones de repercusión critica que pudiesen exponer a los usuarios de los servicios de seguridad privada a riesgos contra su vida, integridad o intereses de negocio. Y más aun cuando con poco esfuerzo es posible lograr mejores resultados.

Por ello, y considerando la posibilidad de que los legisladores no hayan recibido la asesoría técnica más adecuada en este tema, es conveniente que las empresas del sector especializadas en este campo de los sistemas de vigilancia y las funciones de monitoreo, establezcan contacto con los integrantes de la Cámara de Senadores, origen de esta iniciativa, con el propósito de plantear propuestas que incluyan las vertientes de videovigilancia y geolocalización a fin de fortalecer la regulación de estos recursos de tecnología de creciente proliferación en el mercado de los servicios de seguridad privada.

En este mismo orden de ideas, la forma en que se ha desarrollado este proceso de modificación a la legislación en materia de seguridad privada es una clara muestra de la insuficiencia de comunicación y vinculación que existe actualmente entre las instancias institucionales, en este caso las legislativas, y las empresas y organizaciones del sector de la seguridad privada, así como de la falta de integración entre estas, provocada por la natural confrontación competitiva desde el punto de vista del negocio, así como una desconfianza en ocasiones justificada en las iniciativas de unificación del sector, provocadas por algunos antecedentes de prácticas poco transparentes en este tipo de proyectos.

Círculos viciosos de desvinculación institucional y dentro del sector, competencia desleal y mutua desconfianza que deben ser rotos en algún momento, de alguna manera, para impulsar un desarrollo del sector hacia niveles de calidad y competitividad en beneficio de los usuarios de los servicios de seguridad privada.

Ciertamente que no será un proceso rápido y fácil, sino probablemente largo, complejo y delicado, que requerirá de la convicción de la necesidad de unidad por parte del sector, pero sobre todo de un liderazgo incuestionable, confiable y con credibilidad, de inicio ante el propio sector. Condición indispensable para evitar que en el futuro se adopten decisiones y acciones desde las esferas institucionales que afectan al sector sin oportunidad de que este sea tomado en cuenta. Aprender esta nueva lección de las consecuencias de la desunión, y con ello tal vez evitar que vuelva a repetirse.

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