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Perspectiva Social del Gasto en Seguridad

El ejercicio de las funciones de seguridad para la protección de las personas y sus propiedades en una comunidad requiere de ciertos recursos como apoyo sustantivo, los cuales se convierten en un factor determinante para la efectividad de desempeño de tales funciones, ya que en la medida de que se dispongan de mejores recursos, se proyectarán mayores posibilidades de éxito.

Estos recursos de apoyo sustantivo se obtienen a través de procesos de adquisición de bienes y de contratación de servicios, los cuales suponen alguna forma de ejercicio de gasto, de tal suerte que las expectativas de efectividad en materia de seguridad se configuran a partir del nivel de cobertura de necesidades que se alcance con dicho ejercicio de gasto.

Para estos efectos, las comunidades presentan limitaciones en su capacidad de adquisición, de tal manera que cualquier ejercicio de gasto se orienta y opera con base en prioridades, a partir de la respuesta a tres cuestionamientos, alrededor de los cuales surgen situaciones de controversia derivada de una natural competencia que surge por la asignación de los recursos escasos:

  • ¿Por qué debo gastar en un ámbito en especial, en este caso, la seguridad?
  • ¿Qué beneficios obtendré de ese gasto?
  • ¿Qué tanto necesito gastar en ese ámbito, para obtener un grado aceptable de efectividad?

Donde la respuesta al primer cuestionamiento determina el grado de convicción y en consecuencia la asignación de prioridad; la respuesta al segundo obviamente depende de la anterior, y configura las expectativas alrededor de la línea de gasto; y finalmente la respuesta al tercero, que a su vez depende de las dos anteriores, establece la magnitud del gasto asignada a un ámbito en particular.

PANORAMA SITUACIONAL

Aunque el tema de la seguridad constituye y se exhibe como una preocupación prioritaria y constante entre la ciudadanía, paradójicamente este mismo tema se vuelve algo cuestionable y controversial cuando se aborda el aspecto de gasto en la materia, planteado en dos perspectivas: desde el punto de vista colectivo de los intereses comunitarios; y desde el punto de vista de los intereses particulares.

Desde el punto de vista colectivo, en el ámbito de las instancias de autoridad, la seguridad se contempla como una responsabilidad fundamental e indiscutiblemente prioritaria, ya que el éxito en su ejercicio determina las posibilidades para fortalecer y fomentar la existencia y el progreso de la comunidad, de tal suerte que el cuestionamiento y la controversia se reduce a un aspecto meramente cuantitativo: ¿qué necesito y cuánto puedo gastar?.

Asimismo, desde el punto de vista de los particulares se considera que la seguridad es un servicio que deben proporcionar y garantizar las instancias de autoridad, y que no tienen ni comparten ninguna clase de responsabilidad sino que sólo se contemplan como beneficiarios absolutos y naturales de los mismos, de tal suerte que existe reticencia para destinar sus recursos en algo que no les proyectan un beneficio claro y tangible, en su percepción y perspectiva de matiz.

Sin embargo, desde un punto de vista integral, considerando la limitación en la disponibilidad de recursos, la situación real en cualquier comunidad es que la capacidad de cobertura por parte de las instancias de autoridad, siempre será insuficiente para proporcionar y asegurar una protección global efectiva en el ámbito comunitario.

Por ello, para el ejercicio de las funciones de seguridad se suele aplicar un esquema de administración de la escasez basados en un principio de equidad de trato, que antepone y privilegia la atención de los aspectos de beneficio común para la población sobre las demandas vinculadas a intereses de negocio y de beneficio particular.

En consecuencia, se plantea la conveniencia de que los particulares destinen alguna parte de sus recursos para complementar la cobertura proporcionada por las instancias de autoridad, es decir, ejerzan algún grado de gasto a fin de fortalecer la protección y salvaguarda de su persona y sus propiedades, en lo que compete y se vincula con sus intereses de negocio y/o de beneficio particular.

¿POR QUÉ GASTAR EN SEGURIDAD?

El fondo de la controversia respecto al gasto en seguridad estriba en que éste se presenta como una forma de inversión cuya expectativa de beneficios se podrían clasificar como intangibles, desde un punto de vista convencional, en virtud de que su sentido y medida de éxito consiste en que ciertos eventos NO ocurran, específicamente, aquellos eventos que se catalogan como riesgos, debido a que los efectos de su ocurrencia representan una posibilidad de daño a la existencia e integridad de las personas y sus propiedades.

En este sentido, la problemática fundamental consiste en que la única certeza se deriva de un fracaso, ya que si ocurre alguno de los eventos de riesgo significa que lo que se ha invertido en seguridad, ha sido infructuoso. Y paradójicamente, la posibilidad de un resultado exitoso, es decir, la NO ocurrencia del evento identificado como riesgo, genera un espacio de incertidumbre, ya que, al cabo del tiempo, se plantea de manera inevitable una duda: el evento no ocurrió porque las medidas de seguridad funcionaron adecuadamente, o bien porque no había posibilidades de que ocurriera, y se ha ejercido un gasto inútil.

Si bien esta incertidumbre se presenta en ambas perspectivas, en el ámbito de las instancias de autoridad no prevalece con el mismo énfasis que en el de los particulares, ya que la valoración de conveniencia detenta un sentido más cualitativo que cuantitativo, enfocada a la mejora de las condiciones de calidad de vida en la comunidad.

Por ello, la base de justificación para el gasto en materia de seguridad en el ámbito de las instancias de autoridad, se sustentará en la cobertura de las necesidades asociadas al cumplimiento de sus responsabilidades para procurar el orden y la tranquilidad públicas, como el medio para fortalecer la existencia y promover el progreso de la comunidad.

Por otra parte, en el ámbito de los particulares la valoración de conveniencia suele ser más cuantitativa, enfocada a consideraciones de costo beneficio en términos financieros, de tal manera que la incertidumbre es constante y está sujeta a un par de cuestionamientos de base: primero, ¿qué es lo que se va a proteger y por qué?; y segundo ¿qué alternativas existen para ello?.

En este sentido, la percepción más generalizada entre los particulares suele estar polarizada y acotada por una especie de efecto túnel, que considera como el objetivo prioritario de la seguridad, además de la existencia e integridad de las personas, la protección de la integridad y conservación de las propiedades, dejando en un segundo plano, o incluso omitiendo como objetivo de seguridad, la protección de aspectos como los intereses y el posicionamiento de negocios.

El efecto de este acotamiento en la perspectiva del objetivo a proteger, se refleja en el panorama de opciones que se consideran para ello, de tal suerte que cuando la valoración se reduce a un enfoque patrimonial, la alternativa que se adopta con mayor frecuencia, no es una solución de seguridad, sino financiera, de seguros, que garantiza una eventual recuperación del valor de la propiedad, con un gasto reducido y sin problemas operativos.

Las desventajas de adoptar una alternativa de solución ajena al ámbito de seguridad y con un enfoque acotado a lo patrimonial, como es el caso de los seguros, consisten en que no se contempla una recuperación de la propiedad en sí, sino de su valor estimado en términos financieros, y ni siquiera la totalidad de su valor ni de inmediato, sino al cabo de un cierto tiempo.

Asimismo se tiene que este tipo de alternativas no son aplicables cuando el objeto de propiedad constituye el valor por sí mismo, por ejemplo las obras de arte, ni protegen los intereses asociados al usufructo de la propiedad, como sería el caso de un proveedor que pudiera perder su posicionamiento de negocios, al ser sustituido por algún competidor en una cadena de valor por no cumplir con sus compromisos de suministro dentro de dicha cadena, y que posteriormente no sea capaz de recuperar su antigua posición.

En consecuencia se plantea la conveniencia de que los particulares ejerzan por su cuenta algún nivel y forma de gasto en soluciones de seguridad, como la mejor alternativa no solo para fortalecer la protección de la integridad y conservación de sus propiedades, sino también para preservar los intereses específicos asociados con su usufructo, como puede ser un posicionamiento de negocios, o bien su equivalente en otro tipo de contextos como puede ser un ámbito artístico, cultural, social, político, etc.

¿CÓMO GASTAR EN SEGURIDAD?

La premisa fundamental para cualquier tipo de ejercicio de gasto, plantea que la mejora en la efectividad de desempeño no se deriva de gastar más, sino de gastar mejor, esto es de manera pertinente, adquiriendo lo que efectivamente se necesita para cubrir las debilidades y vulnerabilidades, y no lo que está de moda, creando necesidades inexistentes.

Por ello, el formato más recomendable para el ejercicio de gasto, se configura con base en un proceso de diagnóstico y valoración organizacional, que contempla una etapa inicial orientada a la configuración del perfil de necesidades, que en materia de seguridad se refieren a la atención de las posibilidades de riesgo, y una etapa complementaria enfocada a la integración de la solución.

En la etapa inicial, para la configuración del perfil de necesidades, se identifican y dimensionan las posibilidades de riesgo, las perspectivas de impacto para cada uno de ellos, así como las debilidades y vulnerabilidades que puedan existir, a través de las cuales se pueda propiciar su ocurrencia, o bien se puedan abrir espacios para que se difundan sus efectos.

Por su parte, para la integración de la solución se implica un proceso de toma de decisiones, ya que contempla la delimitación de lo que se ha decidido proteger, la especificación de lo que es necesario hacer para brindar la protección proyectada, la localización, valoración y selección entre las alternativas de solución aplicables, y su correspondiente instrumentación y puesta en operación.

Para ello y por las limitaciones de recursos, en la integración de la solución no necesariamente se debe buscar la cobertura de todas las posibilidades de riesgo, sino la de aquellas con mayor probabilidad de ocurrencia, o con mayor expectativa de impacto, asumiendo los riesgos con menor probabilidad de ocurrencia, bajo la premisa de que lo perfecto es enemigo de lo bueno.

En este contexto, para los procesos de adquisición se presenta una disyuntiva de enfoque: lo que se denomina como el enfoque del cliente, cuando se prefiere la integración de una solución desarrollada para cubrir las necesidades específicas; y lo que se denomina como el enfoque del proveedor, cuando se adquiere una solución de línea, y se efectúan adaptaciones para aplicarla.

Con el enfoque del cliente, la gran ventaja es que se asegura la cobertura total del perfil de necesidades, pero con un costo mas elevado en todos los aspectos de integración, operación y conservación. Por su parte, con el enfoque del proveedor es posible reducir los costos, pero no se asegura una cobertura pertinente del perfil de necesidades.

Por todo lo anterior se proyecta que los procesos de adquisición pueden adoptar una gran variedad de esquemas de desarrollo; pero independientemente del formato que se decida adoptar y aplicar para orientar y conducir el ejercicio del gasto, lo que interesa en última instancia es que, como resultado del mismo, se atienda y se de cobertura a las necesidades reales, lo cual constituirá el referente para medir el grado de pertinencia en el gasto ejercido.

El problema potencial de mayor impacto en este sentido consiste en que, si no se ha establecido previamente con precisión el perfil de necesidades reales, la forma en que se percatarán de las deficiencias en el ejercicio de gasto, podría ser a través de la ocurrencia de los eventos de riesgo que se pretendían evitar, y la exposición a los efectos de daño consecuentes.

Para hacer frente a este problema, se plantea una recomendación adicional que propone recurrir a apoyos de consultoría calificados en la materia y no vinculados a ninguno de los proveedores de soluciones en el mercado, para auxiliar en el proceso de definición del perfil de necesidades e incluso en la valoración de las alternativas disponibles.

La aportación de valor esperado de estos apoyos, consiste en compensar las posibles distorsiones, o el efecto túnel en la perspectiva de los interesados, a consecuencia de su inmersión en el ámbito de los problemas. Asimismo, la disposición y actitud igualmente esperados, es de respeto y orientación de perspectivas, y no de descalificación o imposición de posiciones. Finalmente, la viabilidad de éxito para estos apoyos, requiere aceptar la posibilidad de tener insuficiencias propias y requerir la ayuda de externos, otorgándoles al menos el beneficio de la duda.

PERSPECTIVA SOCIAL

La existencia y el progreso de una comunidad requieren del apoyo de gasto en materia de seguridad como factor de viabilidad, y cuya dimensión se determina a partir de valorar una visión del beneficio, esto es ¿cuánto vale lo que se quiere proteger?, considerándolo en ambos sentidos, si se tiene y si no se tiene, contra una visión del costo, esto es ¿cuánto cuesta protegerlo?, aunque dicha valoración no necesariamente se establece únicamente en términos financieros, sino también en un sentido más amplio, en términos de los intereses y la conveniencia para la comunidad.

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