Seguridad Escolar, hacia una nueva cultura social
Publicado en la revista Seguridad en América, en la edición de Enero - Febrero de 2009

Los accidentes constituyen una forma de riesgos que no suelen considerarse como un problema de seguridad, a pesar de que si lo sean ya que pueden provocar lesiones a las personas y daños a las propiedades. Y sin embargo son los que se presentan con mayor frecuencia, de tal suerte que es más probable que una persona resulte lesionada como resultado de un accidente, que por ser víctima de un delito.

Mucho de esta percepción, que bien podría considerarse equívoca, tiene un trasfondo cultural derivada de la creencia popular de que los accidentes son hechos fortuitos, consecuencia de fenómenos aleatorios y de alguna manera vinculados al destino de las personas, por lo que son algo inevitable, cuando en realidad más del 90% de los accidentes son evitables, tanto en su ocurrencia como en sus consecuencias.

Por ello el tema del manejo de accidentes debe contemplarse no sólo claramente como una cuestión de seguridad, sino como un aspecto prioritario por su perfil de frecuencia y sobre todo de consecuencia de lesiones y daños, que en su manifestación más extrema corresponde a situaciones de emergencias, cuyo enfoque de atención dependerá de las condiciones en que pueden ocurrir, o se pueden evitar.

Para estos efectos se tiene que la probabilidad de que una persona sufra un accidente es proporcional al tiempo que permanece en un lugar, y a su vez de que esa persona resulte lesionada estará determinada por su perfil de actividad, debilidad y el tiempo de exposición. Asimismo, la posibilidad de que una persona pueda evitar y/o superar las posibles lesiones, dependerá de la rapidez con que reciba una asistencia apropiada.

En este orden de ideas se tiene que los centros escolares conforman un entorno muy susceptible para que ocurran accidentes, dentro del cual los alumnos constituyen el universo vulnerable para sufrirlos debido al perfil de actividad que llegan a desarrollar, con la mayor probabilidad ubicada en los grupos de menor edad, y/o de mayor tiempo de permanencia en la instalación, y/o de mayor número de alumnos por grupo.

Si bien se sabe que ocurren, la realidad es que en México no existen cifras y estadísticas confiables de la siniestralidad en los centros escolares, a diferencia de otros países como Argentina, en donde se tiene una tasa de 4 accidentes por cada mil estudiantes en un período anual, con el 38% de los casos ocurriendo en el período del recreo, y otro tanto similar en aulas y clases de Educación Física.

La principal causa de esta carencia de cifras es la reticencia cuando no abierta negativa de los centros escolares para dar a conocer cuando ocurren accidentes dentro de sus instalaciones, en especial si se han presentado lesiones de cierta consideración, o bien pudiera estar involucrado algún desempeño inapropiado por parte del personal docente del plantel que implicase alguna forma de responsabilidad.

Donde tal reticencia suele estar motivada por cuestiones de imagen y prestigio ante su población escolar, en primera instancia, así como hacia la sociedad en general, independientemente del carácter del centro escolar que puede ser el de una institución pública, con posibles implicaciones de responsabilidades oficiales, o bien el de un establecimiento privado, con derivaciones de tipo legal.

En este contexto el maestro constituye, por la propia naturaleza de su posición y labor como docente, la figura y la presencia de autoridad frente al grupo, y en consecuencia configura el recurso idóneo para proporcionar una asistencia oportuna, así como para mantener la calma e imponer el orden, que suele ser necesario en el entorno caótico que se produce cuando ocurre una emergencia.

Por ello se considera conveniente que los maestros tengan una preparación en materia de primeros auxilios, así como de protección civil, con el propósito de que sean capaces de proporcionar la asistencia adecuada a fin de proteger la vida e integridad de sus alumnos en casos de emergencia, como parte de lo que se puede considerar como la responsabilidad intrínseca del docente ante sus alumnos.

Un beneficio adicional de este tipo de programas, además de que el maestro sea capaz de proteger a su propia familia, es el desarrollo de una cultura de la prevención y autoprotección, para lo cual la escuela es el entorno propicio ya que en ella se forjan las nuevas generaciones, a quienes el maestro no solo enseña con sus palabras, sino con el ejemplo, dado que a través de sus acciones muestra lo que se debe y se puede hacer.

Hoy día ya existen algunas iniciativas en este sentido, como los programas del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (CONAPRA), el Programa de Seguridad Escolar del estado de Guanajuato, y el programa Maestro Seguro, Escuela Seguro, del cual han sido pioneros el Plantel Secundaria del Colegio Simón Bolívar del Pedregal y la Subdirección de Servicios Educativos del Museo Nacional de Antropología.

Programas cuyo enfoque trasciende los tradicionales orientados a Remediar, con programas tales como la contratación de Seguros de Servicios Médicos y contra Accidentes, trastocándolo por una orientación hacia Prevenir, en muchos sentidos mucho más benéfico, ya que se enfoca a evitar muertes y prevenir discapacidades y lesiones permanentes.

El beneficio práctico, real y directo de una generalización de este tipo de programas, es la creación de capacidad de respuesta social para la atención de emergencias, dentro de un rango de proximidad física apropiado para intervenir dentro de lo que se conoce como el tiempo dorado de 4 minutos para preservar la vida en un caso de emergencia extrema, por ejemplo de tipo cardíaco.

Y en particular este beneficio se aplica inicialmente en un entorno de alto grado de sensibilidad social, los centros escolares, donde se ubica y permanece el objetivo de mayor interés emocional para las personas, las futuras generaciones. De tal suerte que no sólo se les protege, sino que se les induce una nueva visión cultural en materia de seguridad.

Adicionalmente se proyecta un beneficio de contexto, que consiste en el desarrollo de un sentido de conciencia y sensibilidad social que fomente la cohesión y sobre todo la solidaridad comunitaria como base para enfrentar los problemas de seguridad, lo que abre la posibilidad para un cambio cultural, ya que al mostrar que se puede vencer un paradigma, lo inevitable de los accidentes, se podría llegar a desarrollar una convicción social de que es posible vencer a otro paradigma, lo invencible de la delincuencia.

Para hacer realidad este tipo de programas se requiere básicamente de tres condiciones: convicción de que son necesarios y convenientes, voluntad para realizarlos asumiendo si es necesario las consecuencias, y disposición y compromiso para llevarlos a cabo; esto, en las tres partes involucradas, las autoridades que aportan el respaldo institucional, los centros escolares que los promueven y aportan las facilidades para que se lleven a cabo, y sobre todo los docentes, responsables en última instancia de su realización.

Y lo mejor que sucede al hacer realidad este tipo de programas, es que se induce un cambio en la actitud de quienes se involucran, ya que no admiten pasividad ni mucho menos desinterés, sino que demandan todo lo contrario, esto es un espíritu de solidaridad e interés, así como preparación y disposición para actuar en beneficio de los demás, lo que en ocasiones conlleva correr algún grado de riesgo personal.

Por ello, el resultado de llevar a la práctica este tipo de programas podría ser el inicio de una nueva cultura social de la seguridad, en que las personas dejen de sólo preocuparse y manifestarse, y empiecen a ocuparse y contribuir a la construcción de las soluciones que demanda nuestra sociedad, convirtiéndose en partícipes activos en esa lucha contra la inseguridad que nos involucra a todos, y que en la medida de sus posibilidades, harían realidad aquello de un soldado en cada hijo te dio..

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