El negocio de la seguridad privada
Publicado en la revista Más Seguridad, en la edición de Marzo - Abril de 2009

Los servicios de seguridad privada constituyen una alternativa profesional aportada y sustentada totalmente por las fuerzas sociales, que contribuye a subsanar el problema de insuficiencia que padecen las instituciones responsables de la seguridad pública, y que se enfoca a la protección y salvaguarda de los intereses de los particulares como auxiliares de las corporaciones institucionales, según lo establece la Ley Federal de Seguridad Privada.

Por su naturaleza de aportación social, estos servicios se estructuran como una actividad de negocio, sometida tanto a una dinámica de oferta y demanda como a un marco regulatorio, que en este caso contempla una concurrencia de jurisdicciones, muchas veces discrepantes e incluso confrontadas entre sí, y que comprende por un lado la regulación mercantil general, y por otro la particular de seguridad, ésta última a su vez en dos niveles de gobierno, federal y local.

Hoy día el negocio de la seguridad privada atraviesa por una gran crisis de efectividad y credibilidad entre la sociedad a la que pretende servir, que incluso llega a cuestionar su viabilidad como negocio, debido a un clima de incomprensión e incluso confrontación entre sus actores básicos: las instituciones como ente regulatorio, los empresarios, como prestadores de los servicios, y los clientes como consumidores de los mismos.

En el ámbito de las instituciones, el primer problema es que la estructura y contenido del marco regulatorio presenta condiciones de ambigüedad, diversidad e insuficiencia, que favorecen la discrecionalidad en su aplicación, y por ello abren espacios de incertidumbre así como oportunidad para prácticas de corrupción. Asimismo, presenta una situación de confrontación entre las instancias local y federal, en donde las primeras desacatan la prevalencia de la segunda.

Ejemplo de ello es el escenario de diferencias y discrepancias entre tres marcos regulatorios con un contexto de aplicación físicamente coincidente, la Zona Metropolitana del Valle de México donde concurren el Marco Federal y el del Estado de México con 6 modalidades, y el del Distrito Federal con 5 modalidades, además de diferencias en los requerimientos de capacitación entre los tres.

Así, una empresa que presta sus servicios en la Zona Metropolitana del Valle de México, con tan solo dos contratos, uno en el DF y otro en alguno de los municipios conurbados, bien podría acogerse al marco Federal, con lo que no tendría que someterse al ámbito ni del DF ni del EDM, según lo confirmó la SCJN el pasado 10 de marzo de 2008 en la resolución de la controversia constitucional presentada por el DF a este respecto.

Y sin embargo, son conocidos, e incluso sufridos por algunos empresarios, los casos de hostigamiento, presiones e incluso clausuras por alguna de las autoridades locales, desconociendo la prevalencia del ordenamiento Federal, sin sufrir ninguna consecuencia por ello, pero si provocando repercusiones en las empresas, principalmente de índole económica así como de imagen y prestigio comercial y de negocios.

El segundo problema es que por coincidencia, todas las instancias institucionales locales cuentan con organizaciones auxiliares que prestan servicios de seguridad privada, las cuales suelen estar al margen de esta aplicación discrecional de las normas, por lo que se ven favorecidas en sus actividades de negocio, como son los casos de las corporaciones de policía auxiliar en los Estados e incluso Municipios, alguna de ellas plenamente reconocida como ilegal por la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Un reciente ejemplo de ello, es el abuso de la licencia colectiva de armas otorgada a las corporaciones de seguridad pública, bajo la cual amparan a sus organizaciones auxiliares, como quedó demostrado en el caso de los custodios de la Policía Bancaria e Industrial del D.F. detenidos en Sinaloa, cuando de acuerdo a la declaración de la propia Secretaría de la Defensa, dicha licencia no permite el uso de armas para los servicios de seguridad privada.

Otros ejemplos que se pueden apuntar son los Cuerpos de Seguridad Auxiliar del Estado de México (CUSAEM), cuya existencia no tiene sustento legal, que incluso han abierto nuevas líneas de servicio como el Grupo Atenea, que ofrece servicio de guardaespaldas y transportes blindados, e incluso del nuevo Cuerpo Federal de Policía, que a diferencia de los anteriores, estará integrado a la estructura institucional de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, pero enfocado a atender a particulares.

Ante ello, cabría la pregunta de cuáles de los diversas policías auxiliares que existen en el País NO se cobijan bajo la licencia colectiva de armas otorgadas para el servicio público, y en teoría prohibida para prestar servicios de seguridad privada y fuera de su jurisdicción, según la SEDENA, cuando vemos los casos del CUSAEM prestando servicios en el D.F., o de la PBI en servicio en Sinaloa.

Si las corporaciones estatales cometen estos abusos, ¿qué no podría hacer el nuevo Servicio de Protección Federal, cobijado y tal vez solapado por la máxima autoridad en la materia en el País? ¿Cómo se garantizaría que este cuerpo será mejor que las empresas de seguridad privada, o que las corporaciones de seguridad pública, si éstas manifiestan evidentes señales de deficiencia?

Es indudable que se requiere de un reordenamiento en los servicios de seguridad privada en nuestro País, pero que debe realizarse a base de inteligencia, entendimiento y colaboración entre instituciones y empresarios, y no por medio de soluciones impositivas, unilaterales y abusivas, como algunos políticos lo proponen en los medios, desde una posición institucional y casualmente en medio de tiempos electorales.

En este sentido la imposición, más que proposición, institucional consiste en mayores controles y restricciones para las empresas de seguridad privada, incluso al grado de querer incorporar y disponer de los recursos humanos como parte de sus fuerzas, a la vez que refuerza, favorece e incluso amplia sus organizaciones auxiliares, en una posición de juez y parte que ciertamente cuestiona su credibilidad.

Por su parte, en el ámbito de las empresas se presenta un enemigo interno, a manera de atributo innato por la forma en que se han creado, y es la carencia de una visión empresarial, así como de formación y disciplina organizacional. Condición que no es exclusiva del negocio de la seguridad privada, sino común al 80% de las empresas en México, que nacen no con un diseño corporativo, sino como resultado de iniciativas personales, familiares o de grupos de amigos.

Asimismo, dentro de este mismo ámbito se ubica otro factor de relevancia mucho más determinante, el recurso humano, el cual en ocasiones, lamentablemente demasiado frecuentes por cuestiones de conveniencia económica para las empresas, suele estar insuficientemente capacitado, retribuido y motivado para desarrollar un desempeño efectivo de las tareas de seguridad.

Como consecuencia de esta coyuntura, las empresas enfrentan condiciones adversas que dificultan fortalecer su posición en un entorno de mercado cambiante y en ocasiones hostil, que limita fuertemente sus posibilidades para ofrecer servicios de mejor calidad, y contribuir al progreso económico, en particular a través de la generación de empleos.

Finalmente, en el ámbito de los clientes se presenta un perfil de demanda que se puede describir como de alta exigencia y baja retribución, en virtud de que los clientes tienen expectativas distorsionadas de lo que entienden por perfil de funcionamiento y rendimiento del servicio, así como del costo real de un alto nivel de calidad en los mismos, que no son proclives a aceptar.

Es importante señalar que estas expectativas distorsionadas generalmente se derivan del desconocimiento de los clientes acerca de la naturaleza y las condiciones reales y prácticas del negocio de la seguridad. Y en muchas ocasiones de un desinterés a conveniencia para comprenderlo a fin de obtener ventajas económicas, olvidando que en cuestiones críticas a fin de cuentas, lo barato sale caro.

En este mismo ámbito se presenta un creciente fenómeno de competencia desleal, naturalmente propiciado y estimulado por los propios clientes con la obvia intención de obtener ventajas comerciales. Y también en ocasiones tolerado por algunas instancias institucionales por ser espacios de oportunidad para las prácticas de corrupción, y que en conjunto desincentivan a las empresas para que ofrezcan servicios de mayor calidad.

En síntesis, el ámbito de los servicios de seguridad privada actualmente constituye un mercado dominado por la demanda, en donde los clientes son los que por lo general imponen los costos y las condiciones ya que existe una oferta de servicios muy amplia, dispersa, diversa, sin sentido de normalización de negocio ni de unidad empresarial, y sometido a un marco regulatorio que induce inestabilidad e incertidumbre al empresario.

Las empresas de seguridad privada pueden llegar a integrar una fuerza auxiliar efectiva para coadyuvar en las tareas de seguridad con las instituciones públicas, si en lugar de dificultarles el desempeño de su trabajo, se les proporcionan facilidades e incentivos para superar las condiciones adversas que enfrentan, y que en conjunto conforman un círculo vicioso que condiciona y limita las posibilidades para el progreso del sector.

Un aspecto a destacar es que, aún con las condiciones de apertura institucional para la integración de las fuerzas sociales en el actual momento coyuntural de crisis en el ámbito de la seguridad, apenas se ha tomado en cuenta a las empresas de seguridad privada. Y ello sólo en un papel de informadores, para el cual no sólo no están preparados, sino que los coloca en una situación de exposición, sin aprovechar su potencial real.

El sector de los servicios de seguridad privada constituye ante todo un ámbito de negocio, con un potencial de impacto de beneficio o perjuicio, según se desarrolle, sobre los dos campos de mayor prioridad y relevancia social, la subsistencia y la seguridad. En el primer caso en su papel como generador de fuentes de empleo, y en el segundo, como una línea de contribución a la viabilidad y progreso social.

La seguridad privada, al igual que la seguridad en general, enfrenta una severa crisis que los pone ante una disyuntiva: permanecer como está y seguir sufriendo las consecuencias, o intentar el cambio que lo lleve a superarlo. Porque todos estamos en el mismo barco, y los únicos que se benefician de la división, la inacción y la confrontación son quienes buscan dañar a la sociedad.

Zapatero a tus zapatos. ¿No sería más benéfico para la sociedad que las instituciones fortalecieran el servicio a la ciudadanía, que es su responsabilidad, en vez de incursionar en terrenos que pueden ser atendidos de otra manera? ¿Por qué no buscar soluciones de colaboración en vez de confrontación y sometimiento con amplios espacios para la discrecionalidad unilateral?

Buscar la mejor manera de conjuntar los esfuerzos de instituciones y empresas, para alcanzar su objetivo común, la protección y salvaguarda de la vida e integridad de las personas y sus propiedades, la preservación del orden y la tranquilidad, así como el libre ejercicio de los derechos, en el ámbito colectivo para las primeras, y de particulares para las segundas, a fin cumplir con el compromiso que ambos tienen con la Sociedad.

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