Nuevo reglamento de la Ley Federal de Seguridad Privada
Publicado en la revista Xtreme Secure, edición de Marzo - Abril de 2012

Con la publicación del nuevo Reglamento para la Ley Federal de Seguridad Privada el pasado 18 de Octubre, abrogando el anterior del 13 de octubre de 2004, entran en vigor las modificaciones a esta Ley publicadas el 5 de Agosto de este mismo año y que principalmente se refieren a la regulación de los sistemas de alarma como una nueva modalidad en los servicios de seguridad privada. Modificaciones que si bien constituyen un avance al reconocer a un ámbito de creciente proliferación en el mercado de los servicios de seguridad privada, al mismo tiempo contienen una notable insuficiencia al omitir una mención explicita de otras formas de seguridad electrónica también de creciente popularización como son los sistemas de videovigilancia o CCTV (circuito cerrado de televisión) y los sistemas de geolocalización GPS o similares.

El efecto de esta omisión es que se deja a estas formas de la seguridad electrónica en condiciones poco claras e imprecisas de regulación, como ocurría con los propios sistemas de alarmas al ubicarlas en la anterior modalidad VI Actividad vinculada con los servicios de seguridad privada, lo cual abría espacios de oportunidad a una aplicación e interpretación discrecional de dicha regulación, con posibilidades de prácticas de corrupción en perjuicio de las empresas del sector.

Esta omisión se consideró lo suficientemente relevante ante las tendencias actuales en el mercado de los servicios de seguridad, de tal suerte que fue el objetivo de un desafortunadamente infructuoso esfuerzo de cabildeo ante diversas instancias gubernamentales para que fuera subsanada en el texto de la ley antes de su entrada en vigor, promovido por la triple alianza formada por la Confederación Nacional de Empresario de Seguridad y Similares de los Servicios del Ramo (CONESPRYSIR), la Sociedad Mexicana de Guardaespaldas y la Secretaria General para Mexico de la Corporación Euro Americana de Seguridad (CEAS México).

En el texto de este nuevo reglamento aparentemente se ha atendido la solicitud presentada por la triple alianza, en virtud de que se especifica a los sistemas de videovigilancia o CCTV (circuito cerrado de televisión) y a los sistemas de geolocalización GPS dentro del alcance de la nueva regulación (Artículo 5, fracción IV, inciso b), aunque curiosamente no se menciona explícitamente a los sistemas de alarma, causa principal de las modificaciones a la Ley Federal de Seguridad Privada. Sin embargo esta aparente omisión está en proceso de ser resuelta por la Secretaria de Seguridad Pública Federal, de acuerdo a información proporcionada por la propia dependencia.

La entrada en vigor de esta regulación ha despertado muchas inquietudes en el sector de las empresas de seguridad electrónica, en donde se percibe como una carga adicional para estas empresas, cuando en realidad siempre han sido sujetas de regulación aunque no se haya establecido de manera tan específica. Por ello y para propósitos de facilitar su comprensión y acatamiento es conveniente tomar en cuenta algunas consideraciones al respecto, como las siguientes:

La Ley Federal de Seguridad Privada es aplicable solo a aquellas empresas que prestan servicios en dos o más entidades federativas. Por ello solo afectaría a las empresas con operaciones en dos o más estados, ya que las que operan en un estado solo deberán cumplir con la legislación local (Artículo 150 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica, Artículo 1 de la Ley Federal de Seguridad Privada y Artículo 1 del Reglamento para esta Ley).

El problema para las empresas que operan en dos o más estados es que deben cumplir con la regulación local de cada estado, y además con la regulación federal. Y aquí surge un punto crítico que se refiere a la manera en que se establecería la condición de operar en dos o más estados para efectos de las facultades de verificación previstas en la fracción II del Artículo 5 de la Ley Federal de Seguridad Privada, ya que si bien tanto en la ley como en el reglamento se menciona a las sucursales, no se establece que su existencia sea la condición para determinar que se opera en dos o más estados.

Lo cual seria de particular interés a las empresas que desde una sede en un estado proporcionen servicios de instalación en otros, así como a las que ofrecen servicios de monitoreo desde una sede única hacia instalaciones en otros estados (ya sea de alarmas o de videovigilancia), lo mismo para las que ofrecen servicios de monitoreo de geolocalización (GPS) a vehículos o personas que se desplazan a través de más de un estado. En estos casos, sería conveniente que al menos cumplieran con la regulación local de la matriz, así como con la regulación federal.En el caso particular del Distrito Federal en donde se ubica la central corporativa de muchas empresas de este sector, de acuerdo a información proporcionada por la Dirección General de Seguridad Privada y Procedimientos Sistemáticos de Operación, no tienen previsto efectuar alguna modificación a los términos vigentes en la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal, ya que estiman que cubren adecuadamente la aplicación de las nuevas disposiciones.

Asimismo que específicamente el requisito de escolaridad secundaria, principal preocupación de muchas empresas del sector por las características de su personal, NO será exigible a los responsables de instalaciones o monitoreo en virtud de que los servicios de seguridad electrónica caen en la modalidad V Actividades Inherentes (Artículo 11, fracción V de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal), para la cual el personal operativo NO requiere de licencia para ejercer, según se establece en el Artículo 3, fracción XV de esta misma ley, aunque subsiste el requerimiento de escolaridad de secundaria para el personal directivo y administrativo de acuerdo al Artículo 14, fracción I, inciso e de esta Ley, y potencialmente sancionable conforme a lo establecido en el Artículo 57, fracción III del Reglamento de esta Ley.

Un aspecto importante a considerar en el Distrito Federal, es que de acuerdo a lo establecido en los Artículos 26, 27 y en particular el 28 de este Reglamento, al cliente de los servicios de seguridad privada también se le hace responsable, y obviamente sujeto a sanciones, en caso de que contrate a una empresa que no cuente con el permiso correspondiente. Situación que debe ser considerada atentamente tanto por proveedores como usuarios de los servicios de seguridad privada para propósitos de efectividad y calidad de los mismos.

En otras entidades federativas la regulación en materia de seguridad privada suele ser muy similar a los términos de la legislación federal, por lo que habrá que esperar los cambios que se produzcan en los próximos meses y tal vez años en este sentido, si es que se llegan a dar, pues de otra manera probablemente se aplicarían condiciones similares a las que existían en la versión anterior de la Ley federal. Un caso particular que habrá de seguirse con especial atención es el del Estado de México en virtud de que la legislación en la materia estaba orientada a su aplicación por la anterior Agencia de Seguridad Estatal, misma que ha sido sustituida por la nueva Secretaría de Seguridad Ciudadana.

La regulación de estas empresas así como de su personal no constituye una arbitrariedad o extravagancia sin sentido, como lo consideran algunas empresas, sino que responde a una realidad de riesgo: que por el lado de los instaladores de sistemas de alarmas y de videovigilancia se tiene que conocen la ubicación, tipo y prestaciones de los dispositivos de tal manera que eventuales infidencias permitirían su anulación; mientras que por el lado de los monitoristas de sistemas de videovigilancia y de geolocalización tienen acceso a información sensible, cuya divulgación facilitaría agresiones contra los objetivos que se pretende proteger, ya sean personas y/o bienes.

Finalmente un hecho incuestionable e inevitable, y es que independientemente de la percepción de las empresas respecto a si esta regulación es justa o no, o si está justificada o no, no se debe perder de vista que el cumplimiento de la ley NO es opcional sino obligatorio. Y en este caso la cuestión no es si deben cumplir con la ley, sino qué se debe hacer para cumplirla de la mejor manera posible, y además con la mayor celeridad, toda vez que el plazo de gracia de noventa días establecido en el Artículo transitorio QUINTO del decreto del nuevo reglamento para que las empresas de este sector se regularicen, concluye el próximo 19 de Enero de 2012. Después de todo, como lo plantea el adagio latino, dura lex, sed lex, la ley es dura, pero es la ley y se debe cumplir.

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