Seguridad privada, una visión estratégica del negocio.
Publicado en la revista Xtreme Secure, en la edición de Julio - Agosto de 2012

Los esfuerzos comunitarios para la atención de las necesidades y reclamos en materia de seguridad en cualquier sociedad, aun en las más prosperas, preparadas y mejor dispuestas en este campo, suelen enfrentar un indefectible problema de insuficiencia que limita sus posibilidades de servicio a la población. En este sentido se tiene que la labor de las instituciones comunitarias a través de la seguridad pública se orienta a privilegiar la atención de los intereses colectivos, de tal suerte que para subsanar dicho problema de insuficiencia y atender los intereses particulares e individuales se recurre al concurso de recursos auxiliares tales como la participación ciudadana, y las empresas de seguridad privada; los cuales en alguna medida comparten la condición de relevancia estratégica para la sociedad ya que también contribuyen a facilitar y fomentar el desarrollo y continuidad de los procesos sociales, en particular los de naturaleza productiva que directamente son los que generan y sustentan el bienestar a través de la prosperidad social.

La seguridad privada constituye un ámbito de negocio con una naturaleza dual: como recurso para la protección de las fuentes productivas y como fuente productiva en sí misma. Por ello se proyecta como una actividad económica con muy favorables perspectivas de éxito comercial y de prosperidad social por las oportunidades de rentabilidad que ofrece y la hace atractiva para la inversión privada, y las aportaciones de productividad, que contribuyen al bienestar comunitario en una triple vertiente, como patrón, como consumidor y como contribuyente tributario, a través de la creación de empleos y la generación de una riqueza susceptible de ser distribuida.

En México la seguridad privada se encuentra bajo condiciones que no favorecen su desarrollo como el ámbito de negocio rentable y productivo que pudiera llegar a ser, en gran medida como consecuencia de la crisis doctrinal que experimenta la seguridad en general. Condiciones que se presentan como una concurrencia de múltiples y muy diversos factores que se concatenan en una suerte de circulo vicioso, cuya ruptura y eventual transformación en un deseable círculo virtuoso requiere de un cambio en la visión estratégica para el negocio, que propicie la alineación de ópticas y la suma de voluntades de los diversos actores que participan en este ámbito. Factores que se pueden agrupar en dos grandes rubros: el marco regulatorio y las condiciones del mercado.

La estructura y contenido del marco regulatorio establecido para la seguridad privada en algunos aspectos se encuentra sobrecargado de requerimientos, pero en otros presenta amplios espacios de incertidumbre así como enfoques discrepantes e incluso contrapuestos que dificultan significativamente su cabal cumplimiento. Asimismo en lo que se refiere al rubro del mercado de los servicios de seguridad privada, se tiene que presenta una situación de predominio de la demanda sobre la oferta, condiciones de inequidad competitiva inducidas tanto por parte de las instituciones comunitarias como por las empresas irregulares, y con tendencias que incentivan la irregularidad por conveniencia económica.

Los términos actuales del marco regulatorio someten a la actividad económica a condiciones y prácticas comerciales ampliamente rebasadas por la historia y que se remontan a la época anterior al libre comercio, cuando existían alcabalas y aduanas entre regiones que encarecían y obstaculizaban significativamente el costo y flujo de los productos y servicios. Condiciones y prácticas de comercio que han sido desterrados de otros ámbitos de negocio en nuestro País, cuya progresiva y gradual modernización y puesta día acorde a las exigencias de cada momento histórico les ha permitido desarrollarse y volverse no solo competitivos sino exitosos ante los retos de un mundo globalizado. Modernización y puesta al día que es posible aplicar al ámbito de la seguridad privada si se adopta una visión estratégica, de Estado de parte de las instituciones comunitarias para establecer nuevas y mejores condiciones regulatorias que fomenten la efectividad y calidad de los servicios.

La participación de las instituciones comunitarias como actores de una actividad económica también son resabios de condiciones y prácticas económicas de una época con una filosofía de intervencionismo estatal en todas las ramas económicas, cuando el Estado llego a ser propietario de más de mil empresas, muchas de ellas en campos no prioritarios desde una perspectiva estratégica para la economía nacional, como restaurantes y fabricas de bicicletas. En este sentido, si bien la seguridad se establece no solo como una prioridad social sino como una responsabilidad del Estado, esta se refiere a la seguridad pública de acuerdo a lo establecido en el Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no a la seguridad privada, que como actividad económica no está considerada en las excepciones previstas en el Artículo 28 constitucional, de tal suerte que no se justifica este intervencionismo estatal en este marco.

En este orden de ideas, dicha participación de las instituciones comunitarias a través del Servicio de Protección Federal y los diversos cuerpos de policías auxiliares, sin importar su denominación específica, podría caer en el ámbito jurisdiccional de la Ley Federal de Competencia Económica, en particular en los supuestos de su Artículo 10 en especial en la fracción XI, dado que cumple con la condición establecida en el Artículo 13 fracción I de este mismo ordenamiento como agente económico determinante en el mercado; todo lo cual va contra el espíritu y la letra del Artículo 28 constitucional.

Adicionalmente en su condición de proveedores de servicios, las instituciones comunitarias incumplen con algunos de los requerimientos que ellas mismas establecen para estos actores en este ámbito de servicios en cuanto a los requisitos para los directivos y la forma y apariencia de los recursos operativos utilizados tales como equipos, uniformes y distintivos, entre otros elementos; de tal manera que deberían ser sancionados. Un detalle muy peculiar en este contexto es que, en sentido estricto, cualquier disposición institucional de autoridad en esta materia aplicable a estas corporaciones, podría caer en el supuesto de la fracción XI del Artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, o sus equivalentes en las legislaciones estatales, lo que los obligaría a no ejercer sus facultades de autoridad sobre sí mismas.

Otra cuestión en este mismo contexto se refiere a un posible cuestionamiento desde una perspectiva ciudadana, y consiste en que mientras las instituciones comunitarias adolecen de un problema connatural de insuficiencia para cumplir con una responsabilidad constitucional, al mismo tiempo destinan recursos que podrían subsanar parte de dicho problema de insuficiencia a una actividad que se podría considerar incongruente con el sentido propio de dicha responsabilidad, lo que podría incluir implicaciones de prácticas de corrupción, y tendría obvias repercusiones para efectos de gobernabilidad.

Por su parte en lo que se refiere al contexto ciudadano se tiene que el factor verdaderamente crítico que determina las perspectivas de éxito para este propósito lo constituyen los usuarios de dichos servicios, ya que éstos, más que las deficiencias regulatorias, son quienes propician y fomentan la existencia de empresas y profesionales que no cumplen con la normatividad al preferirlas por simple conveniencia propia, económica u operativa; en ocasiones derivado del desconocimiento, pero también de la carencia de repercusiones significativas ante este tipo de conductas, porque en la normatividad se sanciona al proveedor irregular, si lo detectan, pero el usuario queda impune.

En este contexto se tiene que el enfoque que se suele aplicar consistente en sanciones contra el responsable con un efecto tanto disuasorio como punitivo, en este caso no es lo más adecuado ya que un esquema de restricciones, y peor si incluye previsiones punitivas, solo alentaría la creatividad para evadirlo, además de provocar repercusiones de descontento e incluso rechazo social. La experiencia muestra que es más conveniente una estrategia de sensibilización y concientización cultural orientada a inducir una convicción comunitaria, con una óptica similar a la desarrollada en materia de protección civil.

En conjunto se configura un escenario de incertidumbre en el mercado de los servicios de seguridad privada que desincentiva a la inversión privada, y como consecuencia, limita el desarrollo como un ámbito de negocio de calidad que contribuya al bienestar y prosperidad social, en las dos vertientes de su naturaleza dual. Por ello la conveniencia sugiere que si se dispone de un marco regulatorio, condiciones de competitividad y de mercado adecuadas que fomente y facilite su desarrollo como negocio, el sector de la seguridad privada puede llegar a contribuir en gran medida al bienestar y prosperidad social, en especial si se considera que hoy día, aun con las condiciones limitantes que existen, el mercado representa el 7% del Producto Interno Bruto de acuerdo a la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN), y que permitiría contribuir a reducir el costo de la inseguridad que representa poco más del 15% del PIB de acuerdo a mediciones del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) con la que coincide el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y que tendría muy favorables repercusiones para la economía del País.

Se proyecta la conveniencia social para emprender un proceso de fortalecimiento y mejora del ámbito de seguridad privada a fin de convertirlo en un factor que contribuya a promover y sustentar el bienestar y la prosperidad social en las dos vertientes que se derivan de su naturaleza dual: como recurso para la protección de las fuentes productivas y como fuente productiva en sí misma; a partir de la implementación de medidas como las siguientes:

  1. INDISPENSABLE. Promover un proceso de culturización dirigido a la población y orientado a concientizar y sensibilizar a los usuarios de los servicios de seguridad privada para preferir a proveedores que cumplan con la normatividad.
  2. NECESARIO. Reformar la rectoría de las instituciones comunitarias para la regulación de la seguridad privada, incorporando esquemas de coordinación entre los poderes así como de participación amplia y no excluyente de los actores del sector, colectivos e individuales.
  3. NECESARIO. Establecer la unificación concertada del marco regulatorio para el ámbito de la seguridad privada entre la instancia federal y las instancias estatales con un enfoque global de tipificación de la actividad disociadas de las denominaciones, condiciones mercantiles y requisitos operativos para las empresas, esquemas de estructura y contenido temáticos para la capacitación, y modelos de captación y compartición de ingresos tributarios entre la instancia federal y las estatales.
  4. DESEABLE. Reconsiderar el sentido de la existencia y el cometido de las corporaciones auxiliares en el ámbito de los servicios de seguridad, para lo cual se proyectan las siguientes posibilidades:
  1. Incorporar las corporaciones auxiliares a la estructura orgánica de las fuerzas de los servicios de seguridad pública.
  2. Reorientar las corporaciones auxiliares al servicio de las instalaciones de la Administración Pública.
  3. Desincorporar las corporaciones auxiliares de las estructuras de las instituciones comunitarias.

Las condiciones en que se encuentra actualmente el ámbito de la seguridad privada limitan significativamente su capacidad de colaboración para subsanar el problema crónico de insuficiencia en la atención de las demandas comunitarias en materia de seguridad, y desaprovechan su potencial de aportación al bienestar y prosperidad social. Sin embargo, en el contexto de la crisis actual en esta materia se ofrece la oportunidad de aplicar medidas innovadoras y convertir a este ámbito en un factor que coadyuve en mayor grado a la instauración del clima de orden y tranquilidad que contribuyen a la construcción de dicho estado de bienestar y prosperidad social que reclama la ciudadanía.

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