Seguridad privada, una visión estratégica de negocio
Publicado en la revista Seguridad en América, en la edición de Septiembre - Octubre de 2012

La articulación de perspectivas favorables para construir un estado de bienestar y prosperidad en una sociedad se sustenta en la instauración y preservación de un clima de orden y tranquilidad en cuyo contexto se facilite y fomente el desarrollo y continuidad de los procesos, primordialmente productivos, que generan y sustentan dicho estado; lo que constituye la contribución connatural de la seguridad y el fundamento tanto de su condición de factor congénito como de su relevancia estratégica. Por ello la atención de las necesidades y reclamos sociales en esta materia representa un objetivo de muy alta sensibilidad y por ende de prioridad para las instituciones comunitarias debido a sus repercusiones para efectos de gobernabilidad.

Los esfuerzos comunitarios para la atención de las necesidades y reclamos en materia de seguridad en cualquier sociedad, aun en las más prosperas, preparadas y mejor dispuestas en este campo, suelen enfrentar un indefectible problema de insuficiencia que limita sus posibilidades de servicio a la población, producto del inexorable principio físico de que todo lo material es finito y por tanto limitado. En este sentido se tiene que la labor de las instituciones comunitarias se realiza bajo la modalidad de la seguridad pública la cual se orienta a privilegiar la atención de los intereses colectivos, de tal suerte que para subsanar dicho problema de insuficiencia y atender los intereses particulares e individuales se recurre al concurso de recursos auxiliares, que básicamente consisten en la colaboración comunitaria en la forma de la participación ciudadana, y las empresas de seguridad privada; los cuales en alguna medida comparten la condición de relevancia estratégica para la sociedad ya que también contribuyen a facilitar y fomentar el desarrollo y continuidad de los procesos sociales, en particular los de naturaleza productiva que directamente son los que generan y sustentan el bienestar a través de la prosperidad social.

La seguridad privada constituye un ámbito de negocio ubicado en un contexto de muy alta sensibilidad y demanda ciudadana con una naturaleza dual: como recurso para la protección de las fuentes productivas y como fuente productiva en sí misma. Por ello se proyecta como una actividad económica con muy favorables perspectivas de éxito comercial y de prosperidad social por las oportunidades de rentabilidad que ofrece y la hace atractiva para la inversión privada, y las aportaciones de productividad, que contribuyen al bienestar comunitario en una triple vertiente, como patrón, como consumidor y como contribuyente tributario, a través de la creación de empleos y la generación de una riqueza susceptible de ser distribuida.

En México la seguridad privada se encuentra bajo condiciones que no favorecen su desarrollo como el ámbito de negocio rentable y productivo que pudiera llegar a ser, en gran medida como consecuencia de la crisis doctrinal que experimenta la seguridad en general. Condiciones que se presentan como una concurrencia de múltiples y muy diversos factores que se concatenan en una suerte de circulo vicioso, cuya ruptura y eventual transformación en un deseable círculo virtuoso requiere de un cambio en la visión estratégica para el negocio, que propicie la alineación de ópticas y la suma de voluntades de los diversos actores que participan en este ámbito. Factores que se pueden agrupar en dos grandes rubros: el marco regulatorio y las condiciones del mercado.

La estructura y contenido del marco regulatorio establecido para la seguridad privada en algunos aspectos se encuentra sobrecargado de requerimientos, pero en otros presenta amplios espacios de incertidumbre así como enfoques discrepantes e incluso contrapuestos que dificultan significativamente su cabal cumplimiento. Entre las condiciones que se pueden considerar como sobrecarga de requerimientos, que configuran una situación de sobrerregulación, se pueden destacar las siguientes:

  • La seguridad privada se designa como un auxiliar de la seguridad pública según se señala en el Artículo 151 de la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, por lo que es susceptible de que se le aplique cualquier regulación que se decrete por cualquier motivo, incluso no relacionado con el ámbito, desde las instancias institucionales de cualquier nivel como lo dispone aunque de manera poco precisa el Artículo 150 de esta misma ley, que establece la obligación para las empresas de seguridad privada que operan en dos o más entidades de cumplir tanto con la regulación federal como la de cada entidad federativa, sin especificar qué tipo de regulaciones.
  • Para estos efectos se tiene que además de la regulación federal, la Ley Federal de Seguridad Privada, existen varios esquemas normativos en las entidades federativas, entre los cuales contemplan una regulación específica para la seguridad privada en 10 de 32 estados, (31.25%) y de estos solo 3 estados (9.38%) cuentan además con el reglamento correspondiente, uno de ellos con una versión no actualizada. De los 22 estados restantes, en 21 de ellos la normativa para la seguridad privada se incluye como un apartado dentro de la regulación general para la seguridad pública, mientras que en el restante no se establece ninguna disposición en esta materia en el marco regulatorio emanado de las instancias legislativas.
  • Asociado inexorablemente a esta multiplicidad regulatoria se tiene la cuestión financiera de los gastos, de los cuales el más significativo es el pago de derechos, que se aplica al menos por partida doble hacia la instancia federal y la estatal en donde la empresa preste sus servicios, lo que representa una doble tributación, además de los requerimientos de fianzas para la cobertura de aspectos como la responsabilidad civil. Cuestión que bajo estas condiciones inevitablemente incrementa el costo de operación de los servicios para las empresas que cumplen con los marcos regulatorios.

Asimismo, entre las condiciones que se pueden considerar como espacios de incertidumbre y enfoques discrepantes o incluso contrapuestos, se pueden destacar los siguientes:

  • Solo a nivel federal y en 18 estados se cuenta con el reglamento correspondiente, ya sea para regulaciones especificas de seguridad privada o enmarcadas en un esquema global de seguridad pública; pero en 9 de estos estados, todos sin regulación específica para seguridad privada, la fecha del reglamento correspondiente es anterior a la fecha de la última modificación de la ley.
  • Entre la regulación federal y las estatales, existen 11 diferentes esquemas de modalidades, con coincidencias conceptuales y descriptivas en casos genéricos como la custodia de personas, de instalaciones y de transportes, aunque en 4 estados no se especifica dicho esquema, y en 2 de estos no se establecen requisitos para las empresas de seguridad privada. Además en 2 estados existe una discrepancia en los esquemas de modalidades descritos entre la ley y su reglamento, en ambos casos con versiones no actualizadas de estos últimos.
  • Respecto a la capacitación se tienen 5 diferentes modelos, que contemplan la siguiente diversidad: capacitación a través de institutos y academias estatales en 5 estados; capacitación abierta con respaldo de la STPS a nivel federal y en 2 estados; capacitación sin especificación pero sujeta a definición por las autoridades en 3 estados; capacitación sin especificación pero sujeta a valoración por las autoridades en 8 estados; y capacitación sin ninguna especificación en 9 estados. Adicionalmente en la regulación de 4 estados no existe ninguna directiva para la capacitación, y en un estado existen contradicciones en este tema dentro de su mismo instrumento regulatorio
  • Existe un caso particular de una omisión y al mismo tiempo discrepancia muy significativa en la última modificación de la Ley Federal de Seguridad Privada y su Reglamento, que se refiere básicamente a que en la Ley se incluyo una nueva modalidad referente a los sistemas de alarmas, pero se omitió a otras alternativas de seguridad electrónica de igual o mayor proliferación, como la videovigilancia y la geolocalización, y que a sugerencia de algunas organizaciones del sector si se incluyeron en el nuevo Reglamento, pero al mismo tiempo se omitió a los sistemas de alarmas, motivo original de la modificación a la Ley.
  • Finalmente se tiene el caso del establecimiento de regulaciones con un enfoque de seguridad privada, pero desde un marco fuera de este ámbito, como la reciente disposición para la identificación de vehículos blindados establecida a través de una regulación vehicular, la Ley del Registro Público Vehicular.


Por su parte, en lo que se refiere al rubro del mercado de los servicios de seguridad privada, se tiene que presenta una situación de predominio de la demanda sobre la oferta, condiciones de inequidad competitiva inducidas tanto por parte de las instituciones comunitarias como por las empresas irregulares, y con tendencias que incentivan la irregularidad por conveniencia económica. Entre estas condiciones se pueden destacar:

  • La intervención abierta y en algunos casos con un respaldo jurídico incierto cuando no cuestionable, por parte de las instituciones comunitarias participando como proveedor de servicios en el mercado a través de las corporaciones de policía auxiliar o el Servicio de Protección Federal que es parte abiertamente integrante de la estructura de la Secretaría de Seguridad Pública federal, con condiciones de ventaja aprovechando algunos atributos institucionales, lo que provoca una inequidad competitiva respecto a los particulares
  • Entre los principales atributos institucionales que utilizan estas corporaciones de servicio público como ventaja se encuentran el uso de la cobertura de la licencia colectiva de armas otorgada a las corporaciones de seguridad pública, la posición como juez y parte en la materia para acreditar personal para la prestación de los servicios, el acceso a los recursos de las corporaciones de seguridad pública como apoyo operativo, y el uso de uniformes, colores, insignias y distintivos muy similares cuando no iguales a estas corporaciones, condición explícitamente vedada y sancionable para las empresas de la iniciativa privada.
  • Una lógica y natural predilección entre los usuarios de los servicios de seguridad privada por proveedores con los menores costos financieros, aunque sin preocuparse si cumplen con las regulaciones establecidas, lo cual incentiva la existencia y subsistencia de proveedores que no cumplen con la normatividad. Predilección que se propicia por las facilidades de impunidad para quienes favorecen esta irregularidad, con la notable excepción de la legislación en el Distrito Federal en la que al menos se señala corresponsabilidad a los usuarios de servicios irregulares.
  • Esta predilección suele proliferar con mayor amplitud entre las medianas, pequeñas y micro empresas, así como entre particulares, como en el caso de conjuntos residenciales y condominios, lo que incentiva la irregularidad por la perspectiva de beneficio en forma de reducción de los costos de operación y por ende en el precio de los servicios por parte de los proveedores irregulares, pero que repercute como otra vertiente de inequidad en la competencia comercial adversa a los proveedores que si cumplen con las disposiciones normativas en la materia.
  • En este mismo contexto de los usuarios de servicios de seguridad privada se presenta un fenómeno coincidente que consiste en el uso de subterfugios y prácticas de enmascaramiento e incluso ocultamiento por parte de particulares para evadir la aplicación de las regulaciones en la materia, al designar con denominaciones aparentemente ajenas como veladores, porteros, o prevención de pérdidas a personal que en sentido estricto desempeña tareas que corresponden al contexto de la seguridad. Estas prácticas suelen ser operadas en un amplio espectro de usuarios, desde residentes en conjuntos habitacionales, personal interno en grandes corporaciones y hasta grandes cadenas de centros comerciales.
  • Como en cualquier ámbito de negocio existen coincidencias y discrepancias de ópticas, doctrinas y prácticas entre las diversas asociaciones, empresas y organizaciones en general. Sin embargo en el sector de la seguridad privada las discrepancias no solo parecen exceder a las coincidencias sino que las abruman llegando en ocasiones al punto de la confrontación.
  • Entre las principales causas de estas discrepancias y sobre todo de las confrontaciones se puede destacar el intento de algunos actores para aplicar estrategias comerciales que se podrían interpretar como de prácticas tal vez no monopólicas pero si con un sentido de cártel en el sector, orientadas a alcanzar una posición de dominancia del mercado a partir de la eliminación a cualquier costo y de cualquier manera de las posibles fuentes de competencia relevantes o significativas, e imponiendo condiciones a las formas de negocio en el sector que les favorezca y les den una ventaja competitiva.
  • Finalmente, entre algunas de las autodenominadas organizaciones de la sociedad civil se presenta un clima de rechazo hacia el sector de la seguridad privada, derivado de su percepción de las empresas y profesionales como entes llenos de ambición y codicia empresarial y carentes de sensibilidad social, que se han aprovechado de las circunstancias de inseguridad que prevalecen en el País para enriquecerse sin ofrecer servicios acordes a las necesidades de las comunidades y los costos sufragados. Esta percepción tiene en muchos casos razones que la convalidan en varias vertientes, la primera de ellas por las deficiencias del marco regulatorio, pero también por las condiciones de competencia inequitativa en el mercado, y sin dejar de lado la forma en que la propia sociedad solapa y estimula la irregularidad normativa.

Los términos actuales del marco regulatorio someten a la actividad económica a condiciones y prácticas comerciales ampliamente rebasadas por la historia y que se remontan a la época anterior al libre comercio, cuando existían alcabalas y aduanas entre regiones que encarecían y obstaculizaban significativamente el costo y flujo de los productos y servicios. Condiciones y prácticas de comercio que han sido desterrados de otros ámbitos de negocio en nuestro País, cuya progresiva y gradual modernización y puesta día acorde a las exigencias de cada momento histórico les ha permitido desarrollarse y volverse no solo competitivos sino exitosos ante los retos de un mundo globalizado. Modernización y puesta al día que es posible aplicar al ámbito de la seguridad privada si se adopta una visión estratégica, de Estado de parte de las instituciones comunitarias para establecer nuevas y mejores condiciones regulatorias que fomenten la efectividad y calidad de los servicios.

La participación de las instituciones comunitarias como actores de una actividad económica también son resabios de condiciones y prácticas económicas de una época con una filosofía de intervencionismo estatal en todas las ramas económicas, cuando el Estado llego a ser propietario de más de mil empresas, muchas de ellas en campos no prioritarios desde una perspectiva estratégica para la economía nacional, como restaurantes y fabricas de bicicletas. En este sentido, si bien la seguridad se establece no solo como una prioridad social sino como una responsabilidad del Estado, esta se refiere a la seguridad pública de acuerdo a lo establecido en el Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no a la seguridad privada, que como actividad económica no está considerada en las excepciones previstas en el Artículo 28 constitucional, de tal suerte que no se justifica este intervencionismo estatal en este marco.

En este orden de ideas, dicha participación de las instituciones comunitarias a través del Servicio de Protección Federal y los diversos cuerpos de policías auxiliares, sin importar su denominación específica, podría caer en el ámbito jurisdiccional de la Ley Federal de Competencia Económica, en particular en los supuestos de su Artículo 10 en especial en la fracción XI, dado que cumple con la condición establecida en el Artículo 13 fracción I de este mismo ordenamiento como agente económico determinante en el mercado; todo lo cual va contra el espíritu y la letra del Artículo 28 constitucional.

Adicionalmente en su condición de proveedores de servicios, las instituciones comunitarias incumplen con algunos de los requerimientos que ellas mismas establecen para estos actores en este ámbito de servicios en cuanto a los requisitos para los directivos y la forma y apariencia de los recursos operativos utilizados tales como equipos, uniformes y distintivos, entre otros elementos; de tal manera que deberían ser sancionados. Un detalle muy peculiar en este contexto es que, en sentido estricto, cualquier disposición institucional de autoridad en esta materia aplicable a estas corporaciones, podría caer en el supuesto de la fracción XI del Artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, o sus equivalentes en las legislaciones estatales, lo que los obligaría a no ejercer sus facultades de autoridad sobre sí mismas.

Otra cuestión en este mismo contexto se refiere a un posible cuestionamiento que se proyectaría desde una perspectiva ciudadana, y consiste en que mientras las instituciones comunitarias adolecen de un problema connatural de insuficiencia para cumplir con una responsabilidad constitucional, al mismo tiempo destinan recursos que podrían subsanar parte de dicho problema de insuficiencia a una actividad que se podría considerar incongruente con el sentido propio de dicha responsabilidad. Este cuestionamiento de alguna manera podría transformarse de un simple rechazo y desacuerdo comercial a una situación de desconfianza social hacia las instancias institucionales en general, que podría incluir implicaciones de prácticas de corrupción, y tendría obvias repercusiones para efectos de gobernabilidad.

Por su parte en lo que se refiere al contexto ciudadano se tiene que, si bien el marco regulatorio constituye el referente formal para establecer el sentido del ordenamiento y fortalecimiento del ámbito de negocio que representa la seguridad privada, el factor verdaderamente crítico que determina las perspectivas de éxito para este propósito lo constituyen los usuarios de dichos servicios. La causa de ello es que, como ocurre en la actualidad, los usuarios, más que las deficiencias regulatorias, son quienes propician y fomentan la existencia y permanencia en el mercado de empresas y profesionales que no cumplen con la normatividad en la materia, al preferirlas por simple cuestión de conveniencia propia, económica u operativa; en ocasiones derivado del desconocimiento, pero también y en mayor grado de la carencia de repercusiones significativas ante este tipo de conductas, porque en la normatividad se sanciona al proveedor irregular, si lo detectan, pero el usuario queda impune.

En este contexto se tiene que, aun cuando el enfoque que se suele aplicar para anular o al menos aminorar las conductas que propician y fomentan la ruptura de una normatividad, consiste en establecer sanciones contra el responsable a fin de que se despliegue tanto un efecto disuasorio como punitivo, en este caso no es lo más adecuado ya que un esquema orientado a restricciones, y peor si incluye previsiones punitivas, solo alentaría la creatividad para evadirlo, además de provocar posibles repercusiones de descontento e incluso rechazo social, como a ha ocurrido en otros ámbitos. La experiencia muestra que es más conveniente una estrategia con programas de sensibilización y concientización cultural en la materia orientados a inducir una convicción comunitaria, con una óptica similar a la razonablemente exitosa alcanzada en materia de protección civil, donde el resultado ha sido que la misma población busca y exige, con todas las deficiencias existentes, el cumplimiento de la normatividad correspondiente.

Finalmente se debe contemplar, desde la perspectiva ciudadana, un par de factores adicionales que pueden obstaculizar y demeritar estos esfuerzos, y que se refieren a la posición de rechazo por parte de las denominadas organizaciones de la sociedad civil, y las estrategias de exclusión de la competencia del mercado practicadas por algunas empresas, que no abonan a la integración del sector ni a la percepción de credibilidad del negocio ante la comunidad. Lo que en conjunto con todos los factores y circunstancias anteriormente descritos, configuran un escenario de incertidumbre en el mercado de los servicios de seguridad privada que desincentiva a la inversión privada, y como consecuencia, limita el desarrollo como un ámbito de negocio de calidad que contribuya al bienestar y prosperidad social, en las dos vertientes de su naturaleza dual.

Por ello la conveniencia sugiere que si se dispone de un marco regulatorio, condiciones de competitividad y de mercado adecuadas que fomente y facilite su desarrollo como negocio, el sector de la seguridad privada puede llegar a contribuir en gran medida al bienestar y prosperidad social, en especial si se considera que hoy día, aun con las condiciones limitantes que existen, el mercado representa el 7% del Producto Interno Bruto de acuerdo a la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN), y que permitiría contribuir a reducir el costo de la inseguridad que representa poco más del 15% del PIB de acuerdo a mediciones del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) con la que coincide el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y que tendría muy favorables repercusiones para la competitividad de la economía del País.

Se proyecta la conveniencia social para emprender un proceso de fortalecimiento y mejora del ámbito de seguridad privada a fin de convertirlo en un factor que contribuya a promover y sustentar el bienestar y la prosperidad social en las dos vertientes que se derivan de su naturaleza dual: como recurso para la protección de las fuentes productivas y como fuente productiva en sí misma; a partir de la implementación de medidas como las siguientes:

  • INDISPENSABLE. Promover un proceso de culturización dirigido a la población en general y orientado a concientizar y sensibilizar a los eventuales usuarios de los servicios de seguridad privada para preferir, por convicción de conveniencia propia, a proveedores que cumplan con la normatividad vigente aplicable. Como apoyo para lograr la mayor efectividad de este proceso, se podría considerar la adopción, al menos en forma temporal, de previsiones para sancionar a los infractores, pero más con un propósito disuasor que punitivo.
  • NECESARIO. Reformar la rectoría de las instituciones comunitarias para la regulación de la seguridad privada, que responde a su naturaleza de auxiliar de la seguridad pública, incorporando esquemas de coordinación entre los poderes así como de participación amplia y no excluyente de los actores del sector, colectivos e individuales. Para este propósito, la alternativa de rectoría y coordinación que se percibe como la más conveniente, por la inmediatez de implementación, es un grupo de trabajo especializado en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Publica, en cuyo contexto la participación de las entidades privadas no debe limitarse a la representatividad colectiva sino extenderse a las aportaciones voluntarios de todo tipo, y considerar la inclusión de las organizaciones de la sociedad civil.
  • NECESARIO. Establecer la unificación concertada del marco regulatorio para el ámbito de la seguridad privada entre la instancia federal y las instancias estatales con un enfoque global de parámetros de tipificación de la actividad disociadas de las denominaciones, condiciones mercantiles y requisitos operativos para las empresas, esquemas de estructura y contenido temáticos para la capacitación, y modelos de captación y compartición de ingresos tributarios entre las la instancia federal y las estatales.
  • DESEABLE. Reconsiderar el sentido de la existencia y el cometido de las corporaciones auxiliares en el ámbito de los servicios de seguridad, para lo cual se proyectan las siguientes posibilidades:
  • Incorporar las corporaciones auxiliares a la estructura orgánica de las fuerzas de los servicios de seguridad pública, a fin de mantenerlas como fuente productiva por la generación de empleos, aprovechar su capacidad y condiciones operativas para subsanar el problema de insuficiencia para los servicios comunitarios, facilitar el manejo transparente y optimizar la aplicación de los recursos presupuestales de las instituciones comunitarias y fomentar la equidad competitiva en el mercado de los servicios de seguridad privada.
  • Reorientar las corporaciones auxiliares al servicio de las instalaciones de la Administración Pública, a fin de mantenerlas como fuente productiva por la generación de empleos, aprovechar su capacidad y condiciones operativas, facilitar el manejo transparente y optimizar la aplicación de los recursos presupuestales de las instituciones comunitarias y fomentar la equidad competitiva en el mercado de los servicios de seguridad privada.
  • Desincorporar las corporaciones auxiliares de las estructuras de las instituciones comunitarias, y su reconversión en entidades mercantiles, en todo caso con algún grado de participación estatal, pero sometidas a las mismas condiciones regulatorias que las empresas y profesionales privados de tal suerte que se propicie la equidad competitiva en el mercado de los servicios de seguridad privada.

Las condiciones en que se encuentra actualmente el ámbito de la seguridad privada limitan significativamente su capacidad de colaboración para subsanar el problema crónico de insuficiencia en la atención de las demandas comunitarias en materia de seguridad, y desaprovechan su potencial de aportación al bienestar y prosperidad social. Sin embargo, en el contexto de la crisis actual en esta materia se ofrece la oportunidad de aplicar medidas innovadoras y convertir a este ámbito en un factor que coadyuve en mayor grado a la instauración del clima de orden y tranquilidad que contribuyen a la construcción de dicho estado de bienestar y prosperidad social. Si es que existe un interés real por parte de las instituciones comunitarias en los beneficios proyectados para la sociedad, la convicción y decisión para emprender el proceso de fortalecimiento y mejora propuesto, y la disposición para asumir los costos sociales.

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