Prevención del delito, ¿cruzada social sin esperanza?
Publicado en la revista Seguridad en América, en la edición de Noviembre - Diciembre de 2012

El delito, en su modalidad de doloso, representa lo que probablemente sea la forma de inseguridad más impactante sobre la sensibilidad social por su naturaleza dedicada a infligir daños intencionales que no solo afectan a las víctimas, sino también a su entorno por la sensación de impotencia y desamparo que proyectan sobre el ámbito comunitario, lo que provoca descontento por el surgimiento, al menos percibido, de un clima de incertidumbre e intranquilidad social. Por ello el combate al delito constituye un aspecto prioritario para propósitos de gobernabilidad, en cuyo contexto la vertiente de la prevención concentra el mayor interés y expectativa social para asentar el clima de orden y tranquilidad que sustenta las perspectivas de bienestar y prosperidad comunitarias.

La manera más eficaz para resolver un problema, una vez identificado, es determinar las causas que lo ocasionan para anularlas como forma de eliminar el propio problema. En este sentido, dado que el delito constituye un problema por los daños que inflige a las comunidades, se puede asumir que a cualquier sociedad le interesa y le conviene eliminarlo, para lo cual la táctica más eficaz es determinar las causas que favorecen su ocurrencia y persistencia para anularlas, en lo que se podría describir como un enfoque de encontrar la raíz del mal para acabar con el mal de raíz. Y para este propósito la mejor estrategia es la prevención por su enfoque de anticipación que persigue evitar los daños de la manera más efectiva, impidiendo que ocurra aquello que los causa.

En un ámbito de posibilidades de ocurrencia de riesgos, con su consecuente secuela de alguna forma de daños, el concepto de prevención se refiere a la articulación anticipada de medidas y acciones orientadas a impedir la manifestación del fenómeno causante de los riesgos. De aquí que, partiendo del concepto jurídico del delito como una conducta, acción u omisión típica (tipificada por la ley), antijurídica (contraria a Derecho), culpable y punible, se puede establecer como prevención del delito a la articulación de medidas y acciones orientadas a evitar las conductas o comportamientos que puedan causar algún daño o convertir a la ciudadanía en sujetos o víctimas de un delito, con dos propósitos básicos como ejes torales de actividad:

  • Prevenir que los individuos realicen conductas delictivas o ilícitos en general.
  • Evitar que las personas sean sujetas o víctimas de algún delito.

En este orden de ideas, lo que se puede proyectar como el objetivo para cualquier estrategia de prevención del delito es la perspectiva de anular, reducir y/o dificultar el surgimiento de las condiciones que propician la ocurrencia y persistencia del delito, lo cual solo es viable para la modalidad de delitos dolosos, ya que su atributo de intencionalidad implica algún proceso de planeación o preparación que es susceptible de ser identificado y por ende anticipado, mientras que la modalidad culposa suele derivarse de situaciones espontaneas e imprevisibles, que suelen ser muy complicadas de prever y anticipar. Por ello el objetivo preponderante de tipificación es el fenómeno de los delitos dolosos, para la conformación e instrumentación de medidas y acciones preventivas.

Como la gran mayoría de los fenómenos sociales, el delito en general, y su modalidad como doloso en particular, involucra la concurrencia de una multiplicidad y diversidad de factores que propician su existencia y nutren su persistencia. El primero de estos factores es que el delito doloso suele ser ante todo una forma de negocio que no solo subsiste sino que se fortalece en la medida en que alguien se beneficie de su ocurrencia y/o de su persistencia; donde los primeros beneficiados son obviamente los perpetradores del delito, pero también abarca a aquellos que de alguna manera obtienen un beneficio, por ejemplo el consumo o la compra de los productos del mismo, que pueden ser desde drogas hasta artículos robados, piratas o de contrabando.

La perspectiva de obtener dividendos financieros significativos e inmediatos suelen ser el mayor atractivo para la comisión de delitos, como lo muestra la magnitud del más representativo de los delitos dolosos, el negocio del narcotráfico que representa ingresos anuales por alrededor de 320 mil millones de dólares anuales, de acuerdo a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, lo que lo ubica como la segunda actividad económica más redituable, solo superada por el negocio del petróleo. Sin embargo una causa más común que fomenta este tipo de delitos son las conveniencias personales, sea de índole económica al adquirir bienes a un costo mucho menor que en el mercado legal, o de índole más físico como la drogadicción.

Por ello, un segundo factor relevante es que en algunas formas de los delitos dolosos, como son los casos del narcotráfico, el robo de bienes, el contrabando y la piratería, el factor que contribuye en mayor medida a fomentar su existencia y persistencia es el propio conglomerado social, en que una parte es víctima pero en otras es cómplice por propia conveniencia de dichos delitos. De tal suerte que se configura un panorama de paradojas, contrasentidos y contradicciones que bien pudiera interpretarse como una condición de esquizofrenia social (no quiero ser víctima del delito, pero si hay oportunidad de beneficiarme quiero ser parte) o incluso como una actitud de hipocresía social (protéjanme de los delitos de los que no me beneficio).

Existen otros factores que en conjunto crean un ambiente que favorece la proliferación de los delitos, los cuales se ubican en un ámbito de índole cultural, de los que se destacan dos: por un parte la adopción a manera de contracultura de formas de conducta asociadas a los grupos criminales, como el uso de cierta indumentaria y la preferencia por expresiones artísticas, musicales primordialmente, que hacen una apología de estos grupos; y por otra parte, una actitud que se podría considerar como complicidad pasiva, cuando la población prefiere ignorar e incluso tolerar la presencia y actividad de grupos delincuenciales en su entorno sin denunciarlos, por temor o simple desinterés, motivados, en ocasiones de manera justificada, por la inefectividad de las instancias institucionales para brindarles protección.

El combate al delito no se orienta a enfrentar a un extraño enemigo externo, sino todo lo contrario. Se trata de una batalla hacia el interior de las sociedades, enfrentando a la parte de ella que es responsable de la comisión de los delitos, tratando de proteger a la parte que es la víctima de estos delitos, y contrarrestando a la parte que de alguna manera los solapa, ya sea porque obtiene algún beneficio o simplemente porque consideran que no es su problema. Por ello, la línea de prevención del delito se orienta a: acotar los espacios de oportunidad para evitar, o al menos dificultar la comisión de delitos; proteger y salvaguardar a la población para evitar que se conviertan en víctimas de la comisión de delitos; y desincentivar la colaboración, activa o pasiva, con las fuerzas de la delincuencia.

Las estrategias en materia de prevención del delito por parte de las instancias institucionales suelen estar alineadas con esta perspectiva, por lo que contemplan de manera predominante la atención e involucración de la población civil, enfatizando los formatos de participación ciudadana, a través de medidas y acciones dirigidas, por una parte, a la recuperación y preservación de los espacios comunitarios para posibilitar el quehacer y la convivencia social con libertad y seguridad, y por otra parte a la reconstrucción y el fortalecimiento del tejido social con el fin de reducir su permeabilidad y su vulnerabilidad ante la presencia y actividad de agentes y efectos antisociales, en este caso específicamente los que implican la comisión de ilícitos.

Ejemplos de estas medidas y acciones son las establecidas en el Eje 2, Prevención del Delito y Participación Ciudadana de la Estrategia Integral de Prevención del Delito y Combate a la Delincuencia implementado por el actual Gobierno Federal a través de la Secretaría de Seguridad Pública, y que contemplan el programa de Escuela Segura (para recuperar la seguridad en el entorno escolar) y el de Recuperación de espacios públicos (que promueve la rehabilitación de los espacios públicos para la convivencia social), dirigidos precisamente a la recuperación de los espacios comunitarios, así como el mismo de Escuela Segura (para propiciar la sana convivencia) y el de Salud solo sin Drogas (para prevenir adicciones), orientados a la reconstrucción y fortalecimiento del tejido social.

Sin embargo, a pesar de los recursos invertidos desde las instancias institucionales, el hecho es que a lo largo de la Historia los resultados alcanzados por los programas institucionales de combate a la delincuencia, entre ellos los de prevención del delito, no han logrado colmar las expectativas sociales por una multiplicidad de causas entre las que destacan la ineficacia de las corporaciones policiacas, la corrupción gubernamental y las deficiencias de los mecanismos judiciales. Como reacción a esta insatisfacción social surgen las llamadas organizaciones de la sociedad civil, que coinciden en propósito pero difieren en los métodos, ya que privilegian las posiciones de crítica y reclamo hacia las instituciones, en ocasiones totalmente justificadas pero a final de cuentas igualmente con éxito exiguo.

Por las condiciones en que surge, se desenvuelve y sus efectos, al delito se le ha equiparado como un cáncer que gradualmente descompone y destruye el tejido social; pero esta semejanza es aún más amplia ya que, al igual que el cáncer, el delito se nutre del propio organismo que destruye, y en muchas ocasiones si se pretende erradicarlo extirpándolo, no tarda en aparecer nuevamente e inclusive en forma más agresiva. En este mismo escenario de semejanzas, las medidas de prevención estarían dirigidas a mantener un organismo sano para anular o al menos reducir la posibilidad de que surja el cáncer, así como a evitar que consiga las condiciones favorables y los nutrientes que necesita para subsistir y crecer, del propio organismo.

En el mundo real, no existe el concepto de un organismo sano porque el gen del cáncer está presente en todos, así como el delito, sus perpetradores y sus beneficiarios ya están presentes en toda sociedad. De hecho pensar en una eventual erradicación total del delito sí que constituye una verdadera utopía totalmente inalcanzable. A lo más que se puede aspirar es a reducirlo hasta niveles tolerables que afecten lo menos posible las posibilidades de bienestar y prosperidad social. Y para este propósito se debe considerar un principio fundamental, que NINGUNA estrategia, por mejor preparada o bienintencionada que sea, dará resultados exitosos mientras exista alguna forma de colaboración social con la delincuencia, activa o pasiva.

Mientras exista demanda, la oferta buscará y seguramente encontrará la manera de subsistir y prosperar para satisfacerla. No se podrá erradicar el robo de bienes, mientras haya alguien que los compre. No se podrá erradicar la piratería mientras haya alguien que adquiera sus productos. No se podrá erradicar el tráfico de enervantes mientras haya adictos. Con un hecho incuestionable, que los lujos con que viven los delincuentes, los recursos con los que se fomenta la corrupción, y sobre todo, las balas con las que prolifera la violencia con su secuela de torturas y homicidios, son financiados precisamente por todos los consumidores de los diversos productos de la delincuencia, a quienes se les atribuye un candor que están muy lejos de tener.

Por ello las estrategias de prevención del delito deberían contemplar dos vertientes: una de culturización enfocada a crear en la ciudadanía una convicción de rechazo hacia los beneficios que pudiera obtener del producto de las conductas delictivas, con expectativas de éxito cuestionables y a muy largo plazo; y otra de sanción contra las prácticas de colaboración, activa o pasiva, que propicien y/o fomenten la delincuencia, con expectativas de éxito a corto plazo, pero con posibles repercusiones de rechazo y descontento social desde una perspectiva de lo políticamente correcto al incluir en las medidas punitivas tanto al perpetrador, el delincuente, como a quien virtualmente lo encubre, el supuestamente cándido ciudadano común consumidor de sus productos.

Ante esta perspectiva de frustraciones y resultados muy probablemente infructuosos surge inevitablemente un cuestionamiento: teniendo prácticamente como opositores a aquellos a quienes se pretende proteger, ¿valen la pena todos los esfuerzos y recursos que se destinan al combate a la delincuencia en general, y a la prevención del delito en particular? Para lo cual la respuesta es un rotundo SI, por una condición fundamental de gobernabilidad para propósitos de viabilidad social, aun cuando en el corto plazo no se perciban posibilidades favorables, por lo que se puede tomar el ejemplo de uno de los héroes de las horas más aciagas y adversas de la Guerra de Reforma, el General Santos Degollado, que en la víspera de una de sus muchas derrotas, ante la instigación a rendirse por ser su lucha una aparentemente sin esperanza, sentenció: Mi deber no es vencer, sino combatir por principios que al fin deben triunfar. Y al final, después de una larga y prolongada lucha triunfaron.

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