Una Perspectiva Estratégica de la Seguridad en México
Publicado en la edición 261 de Abril de 2014 en la revista Consultoría de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría

A lo largo de la historia, y de manera más enfática en algunas épocas como la actual, la seguridad ha sido un perenne reclamo social en virtud de que propicia el desarrollo del sentido de permanencia y pertenencia en que se sustenta la prosperidad de las comunidades, ya que se puede visualizar a la seguridad como el atributo de una vida sin temores, de la misma manera que el bienestar es el objetivo de una vida sin necesidades.

En principio se puede considerar que la seguridad constituye un factor de viabilidad y progreso social en virtud de que su razón de ser, lo que se podría considerar como su Misión, responde a uno de los propósitos fundamentales que llevaron al surgimiento de esa organización sinérgica creada por la especie humana para sobrevivir, llamada Sociedad, y que se puede describir como Evitar Males, lo que abarca los esfuerzos orientados a evitar que ocurra cualquier cosa que pueda poner en riesgo la existencia de dicha sociedad, así como a interrumpir o interferir con su funcionamiento.

En este orden de ideas se tiene que la aportación que la sociedad espera de la Seguridad, lo que corresponde a su Visión, se puede describir como Que no pase NADA, esto es: que no pase nada que amenace la existencia de la sociedad y/o sus integrantes; y que no pase nada que interrumpa o interfiera con la CONTINUIDAD de los procesos sociales. De tal suerte que se puede proyectar como su Objetivo Estratégico la protección y salvaguarda de las personas, sus propiedades, intereses y el libre ejercicio de sus derechos, colectivos y particulares.

Asimismo se puede establecer que la necesidad, o demanda social genérica en materia de seguridad consiste en la conservación de las condiciones de orden y tranquilidad adecuadas y suficientes para promover, propiciar e impulsar el bienestar y la prosperidad en las comunidades, lo que a nivel colectivo repercute en las perspectivas de gobernabilidad institucional, y a nivel individual en las posibilidades de beneficio y conveniencia particular, por lo regular materializadas a través de ejercicios de negocio.

A su vez, se puede proyectar como la expectativa social en materia de seguridad que la población no sólo se encuentre a salvo de riesgos y amenazas, sino que perciba un clima de certeza que desarrolle tanto un interés de permanencia productiva, como también un sentido de arraigo y pertenencia hacia la comunidad. Esto es, que la gente no solo esté segura, sino que se sienta segura, al grado de que decida no solo pertenecer y permanecer en la comunidad, sino comprometer sus esfuerzos para contribuir al bienestar y prosperidad de la misma.

Por su parte, lo que se puede identificar como la realidad social en materia de seguridad es que en ninguna sociedad, aún en las más desarrolladas y prósperas, se alcanzan las condiciones ideales de orden y tranquilidad requeridas para la continuidad social, ni de certeza esperadas por la población. Lo cual se debe a una gran diversidad de factores y circunstancias entre las que se puede destacar las deficiencias e insuficiencias institucionales, así como por cierta complicidad de la misma población con el riesgo, de manera accidental, incidental e incluso intencional.

Por ello la relevancia de la seguridad para cualquier sociedad genera un nivel de interés prioritario que justifica la inversión de esfuerzos y recursos para la atención de sus demandas, tanto a nivel colectivo como particular, precisamente con el propósito de propiciar e impulsar el bienestar y la prosperidad social. Sin embargo en este aspecto existen líneas de controversia respecto a la magnitud de tal inversión, así como de la responsabilidad de quien debe aportarlos, la colectividad a través de sus instituciones, o bien directamente los particulares.

En consecuencia la seguridad no se debe contemplar como un mal necesario, un gasto que se debe mantener al mínimo, sino que se debe vislumbrar como una herramienta de productividad, de manera semejante a como se visualizan a otros recursos sustantivos de la prosperidad social como las Tecnologías de la Información, pero en este caso como una recurso de protección de la inversión que permite conservar las posibilidades de rentabilidad, en términos de gobernabilidad para propósitos institucionales, y de beneficio financiero para propósitos particulares de negocio.

Las condiciones actuales de seguridad, tanto a nivel global como en particular en nuestro País no proyectan posibilidades favorables para satisfacer en ocasiones ni siquiera los requerimientos mínimos de las necesidades y expectativas sociales en esta materia, y por lo mismo no contribuyen a alentar los propósitos comunitarios de arraigo, pertenencia ni permanencia, en especial la productiva en este último caso, que eventualmente pudieran sustentar las posibilidades de bienestar y prosperidad.

Aunque para algunos especialistas el impacto de estas condiciones, en particular la violencia, es poco cuantificable debido a que las empresas no lo reflejan en sus estados financieros, una muestra del impacto de las mismas se exhibe en un diagnóstico de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), que estima que a enero de este año un 37% de las empresas han sido afectadas por la violencia, incluso endémica en regiones como Michoacán y Guerrero, con pérdidas anuales de 75 mil millones de pesos por delitos como las extorsiones (1).

Por otra parte, de acuerdo a la Encuesta Mensual de Opinión Empresarial, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), respecto a enero de 2013 el indicador de confianza en el sector manufacturero descendió 5.7 puntos, en el sector de la construcción cayó 3.6 puntos, y en el sector comercio se registró una caída del 2.5 puntos. En este diagnóstico el aspecto que registró la mayor caída fue respecto a la situación económica actual, con 7.6 puntos, aunque en lo que se refiere a la perspectiva para las expectativas a futuro se incrementaron en 2.1 puntos (2).

Asimismo, según el Observatorio Ciudadano México ¿Cómo Vamos?, en nuestro País se pierden anualmente entre el 8% y el 15% del PIB por costos al miedo y la inseguridad, lo que representa entre 1.3 y 2.4 billones de pesos, de los cuales, de acuerdo al Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), 215 mil millones de pesos repercuten directamente en los hogares. Donde estos costos no solo comprenden las pérdidas por los delitos y los gastos por daños a la salud y las medidas preventivas, sino también la estimación de las inversiones y gastos que no se realizan, que en general repercuten como una contracción de la actividad económica (3).

Esta situación bajo ciertas circunstancias extremas se proyecta como un escenario en el cual no solo se acotan las oportunidades de prosperidad e incluso las posibilidades de subsistencia para la población al desincentivar las actividades productivas, sino que llega a amenazar la misma existencia de las comunidades al anular la preservación del Estado de Derecho y por ende comprometer las posibilidades de gobernabilidad institucional, como está ocurriendo en ciertas regiones de nuestro País en este momento.

Una muestra fehaciente de la realidad no solo inminente sino manifiesta de este escenario, es la situación actual en la región de Tierra Caliente, en el estado de Michoacán, donde la presencia y actuación de los elementos de perturbación social en la zona, sean autodefensas o grupos criminales, no solo han impactado en el bienestar de los habitantes de la región por las exacciones que les imponen a los productos agrícolas que constituyen su medio de vida, y de los que son los principales abastecedores, como el aguacate y el limón, que por ello extienden su repercusión a la economía de todo el País por el encarecimiento de estos productos.

Misma situación que, aprovechando la debilidad, ineficiencia, incompetencia o incluso la franca y corrupta complacencia de algunas instancias y corporaciones institucionales, ha provocado un clima de ingobernabilidad que ciertamente no favorece a la ciudadanía, sino a los intereses de los grupos criminales y las llamadas autodefensas, supuestos libertadores de la población, pero que en ocasiones están vinculados o son parte de esos mismos grupos criminales, y que acaban convirtiéndose en los nuevos opresores, en una escenario de caos similar al creado por los grupos de mercenarios conocidos como las grandes compañías que asolaron a Francia durante la Guerra de los Cien Años en el siglo XIV, y que bien se puede describir con las palabras del poeta chileno, Nicanor Parra, y ahora, ¿quién nos liberará de nuestros libertadores?.

La seriedad de este tipo de escenarios, de por sí crítica en su dimensión real, se ve agravada por la participación de factores de entorno, en particular la difusión amplificada e incluso distorsionada de los hechos, por lo regular inducida por intereses de diversa índole, sociales, económicos y políticos, o por simples posiciones de mezquindad o revanchismo, propagadas a través de los medios masivos de comunicación, ya sea por iniciativa propia o fomentadas por adversarios de todo tipo, y que dificultan la adopción de medidas efectivas pero impopulares.

En principio, solucionar los problemas de seguridad en cualquier sociedad no es una tarea sencilla por muy diversas causas, empezando por la gran sensibilidad social acerca del tema, pasando por cierta reluctancia comunitaria hacia las labores en este campo, entre las que destacan algunas formas de rechazo social y las restricciones presupuestales, y terminando por las limitaciones no solo jurisdiccionales sino incluso culturales impuestas a algunas formas de prácticas profesionales en éste ámbito.

Pero también porque surgen fenómenos colaterales, como la migración delictiva, cuando una línea de negocio primaria deja de ser suficientemente atractiva para los delincuentes, de tal suerte que migran o simplemente se amplían a otros campos más verdes, como ha sido el caso de los narcotraficantes que incursionan en otros campos como la extorsión, el secuestro y el robo con violencia, en donde pueden sacar ventaja de su capacidad y experiencia profesional, en lo que podría considerarse como una especie de ley de la conservación de la delincuencia, que se podría describir como la delincuencia se crea pero no se acaba, sólo se transforma.

Por ello, las soluciones a los problemas de seguridad no sólo deben ser efectivas, sino de alguna manera populares para que sean aceptables por la mayoría de la población, o al menos no sean rechazadas de inicio y se les otorgue el beneficio de la duda, en particular si requieren de su participación en los esquemas de aplicación de dichas soluciones. Aunque siempre se tendrá algún nivel de rechazo, e incluso de obstrucción, por lo regular con una gran capacidad de estridencia, por quienes se sienten afectados en sus intereses por el éxito de dichas soluciones.
La solución de condiciones y situaciones de excepción requieren de esquemas y mecanismos igualmente de excepción, pero sólo para anular, aminorar y mitigar los efectos directos más inmediatos, críticos y dañinos derivados de dichas condiciones y situaciones. Pero una vez superado el escenario de urgencia, se deben restablecer las condiciones y situaciones de un funcionamiento social nominal, esto es de cotidianeidad. Lo que se podría considerar como un clima de normalidad en el que prevalezcan el orden y la tranquilidad social.

Sin embargo, este proceso de vuelta a la normalidad debe ser la parte final de la intervención institucional y el inicio de la imprescindible participación comunitaria en que se debe sustentar la solución permanente a los problemas de seguridad. Porque en la solución a los problemas de seguridad, las medidas de excepción pueden ser de orientación policial, pero las medidas de normalidad necesariamente deben tener un sentido de corresponsabilidad de todas las fuerzas sociales, institucionales y particulares, orientado a la mejora y el fortalecimiento permanente del tejido social.

Si bien es utópico pensar en acabar con el delito por completo, ni siquiera se podrá aspirar a reducirlo mientras haya quienes se beneficien del mismo, proveedores, vividores y clientes. No es posible pensar en combatir el narcotráfico mientras haya adictos. No es posible pensar en acabar con el robo de bienes o la piratería mientras haya quienes adquieran sus productos. Porque como en cualquier ámbito de negocio, y el delito es a final de cuentas una forma de negocio, mientras haya demanda siempre habrá oferta, y si la demanda es lo suficientemente atractiva, siempre habrá inversionistas y protectores dispuestos a correr riesgos para satisfacerla y beneficiarse de ello, ya sea como operadores o bien como cómplices, por coacción o corrupción, plata o plomo.

En este contexto surge otro fenómeno colateral que favorece la ruptura del orden social y por ende propicia la inseguridad, en particular la proliferación de la delincuencia, y se refiere a lo que se podría considerar como una forma de favoritismo egocéntrico, en virtud del cual el ciudadano común espera que se imponga el imperio de la ley para los demás y no para sí mismo, y que bien se podría describir por el dicho popular que reza hágase la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre, no en los míos. Lo que en la práctica se pretende materializar como la posibilidad de que yo pueda quebrantar la ley cuando me convenga o lo necesite sin sufrir las sanciones que corresponden, pero que no se le permita hacer los mismo a todos los demás. Yo puedo bloquear calles, pero no los demás. Yo puedo conducir intoxicado, pero no los demás. Yo puedo agredir, pero no los demás. Yo puedo matar, pero no los demás.

Una muestra muy clara de las posibilidades reales de que ocurran este tipo de escenarios, son las manifestaciones públicas de apoyo a un muy conocido delincuente recientemente recapturado después de varios años de persecución, aparentemente promovidas por asociados y beneficiarios de sus dádivas en su suelo natal. Manifestaciones que, independientemente de su causa directa, que puede ser desde un simple egoísmo convenenciero, conductas contraculturales de corte antisistémico, o abiertas vocaciones criminales, en el fondo reflejan la existencia de un problema mayor: que las mismas comunidades lleguen a incubar el huevo de la serpiente de la ruptura del orden social, tanto al solapar los elementos criminales como al propiciar grupos para combatirlos al margen de la ley, que eventualmente ocupan sus espacios como agresores de la misma sociedad que los prohijó. Las antiguas víctimas se convierten en los nuevos victimarios. El historial de involucramiento en actividades delictivas de algunos de los líderes de los grupos de autodefensas, recientemente revelado, constituye una evidencia clara e inequívoca de esta desafortunada realidad.

La seguridad constituye una condición indispensable para alcanzar el bienestar y abrir oportunidades para la prosperidad social. Pero la solución a los problemas de seguridad no es una responsabilidad exclusiva de las instituciones en todos sus ámbitos, ejecutivo, legislativo y judicial, sino una corresponsabilidad entre todas las fuerzas sociales, necesariamente dentro del marco de la ley y bajo el enfoque de que la seguridad es un asunto de todos, en cuyo contexto la participación ciudadana se proyecta como el factor de mayor impacto. Por ello se presenta una disyuntiva, cuya materialización descansa en mayor medida en el proceder de la propia ciudadanía: integrarse como una sociedad unida, solidaria y sobre todo respetuosa del orden institucional, para así tener alguna posibilidad de éxito, o persistir en la división y la mezquindad egocéntrica para, tarde o temprano, llegar a sufrir las consecuencias. Ser víctimas del Síndrome de Peter Parker. Nuestra es la decisión y la responsabilidad de sus consecuencias.

Referencias

(1) Pallares Gómez, Miguel Ángel. La Inseguridad pega a los corporativos. El Universal, 4-Feb-2014.
(2) Tejeda, Ivette. Empresarios, también con poca confianza. El Economista, 6-Feb-2014.
(3) Verdusco, Mario Alberto. Inseguridad cuesta a México 15% del PIB. El Universal, 25-Feb-2014.

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