Seguridad y Privacidad, Reclamos sociales en conflicto
Publicado en la edicion Mayo - Junio de 2015 de la Revista Seguridad en America

Las medidas de seguridad aplicadas el 15 de septiembre de 2014 para el ingreso de los asistentes a la ceremonia del Grito de la Independencia en el Zócalo capitalino, específicamente las relativas a la revisión corporal aplicada a los menores, han vuelto a colocar en la primera fila del escenario ante la opinión pública una situación que bien puede describirse como de reclamos sociales en conflicto: la contraposición de propósitos entre las prácticas de restricción con fines de seguridad, que en ocasiones adoptan formas que se pueden considerar como invasivas, y las legítimas exigencias de respeto a la privacidad personal. Ambos amparados por derechos incuestionables, pero confrontados de tal manera que se acotan recíprocamente sus perspectivas de satisfacción.

La seguridad ha sido una constante preocupación y ocupación social prioritaria, de tal manera que en ciertos momentos no sólo ha justificado la aplicación de medidas que han coartado la libertad y el ejercicio de los derechos de la población, sino que tales medidas han sido de alguna manera resultado del reclamo de le ciudadanía, y por ende cuentan con su aceptación, al menos de inicio. Como muestras históricamente recientes de ello se pueden mencionar desde el Régimen del Terror durante la Revolución Francesa, pasando por el macartismo en los Estados Unidos durante la época de la Guerra Fría, hasta las medidas antiterrorismo de la actualidad, consecuencia del resurgimiento del terrorismo desde la década de los setentas, en particular con sus tácticas de piratería aérea, hasta las nuevas prácticas del fundamentalismo islámico de atentados mediante agentes suicidas.

La razón de ello es que la seguridad constituye una necesidad innata del ser humano, como se proyecta a través de la Teoría de Maslow que la ubica como un segundo nivel prioridad sólo por detrás de las necesidades vitales de subsistencia; de tal suerte que se espera que las personas estén dispuestas a hacer alguna forma de concesiones en la satisfacción de las necesidades de menor prioridad, como la aceptación social o la amistad, con tal de cubrir las necesidades de mayor prioridad, como las de seguridad. Y el mejor ejemplo de la validez de esta perspectiva es que en general la gente prefiere no hacer amistades, o incluso no residir, laborar o permanecer en ambientes donde no perciba condiciones favorables para su seguridad personal. De aquí el origen de los reclamos por medidas que brinden una mayor seguridad al costo que sea necesario, más o menos.

Sin embargo el problema surge cuando se presentan reclamos que se pueden ubicar en la misma escala de prioridad, como es el caso de los reclamos por una mayor seguridad, y al mismo tiempo de respeto a la privacidad personal. La causa de ello es que en principio cualquier medida de seguridad implica alguna forma de restricciones o limitaciones a la libertad, como es el caso por ejemplo de la aplicación de las medidas de control de acceso que limitan el derecho al libre tránsito. Y por lo mismo, en ocasiones las medidas de seguridad llegan a invadir el ámbito de la privacidad personal, ya sea por prácticas como la revisión de las pertenencias personales como bolsas y mochilas, o bien la revisión corporal, ya sea física o por medios tecnológicos, lo cual es precisamente la causa de controversia entre seguridad y privacidad.

Porque la privacidad constituye en sí misma una forma de medida de seguridad, si bien enfocada a un contexto totalmente individual y de interés particular, ya que implica una restricción de acceso al ámbito de lo que se puede considerar como la intimidad. Mientras que las medidas de seguridad en general corresponden al ámbito de los intereses colectivos ya que están enfocados a la protección de una comunidad, y suelen sustentarse en los principios de que los intereses de la mayoría prevalecen sobre el de la minoría y de los individuos, así como de que los derechos del individuo terminan donde empiezan los de los demás. Y la controversia consiste precisamente en esta confrontación de perspectivas que se puede describir como el derecho a la protección personal contra el derecho de la comunidad a ser protegida, incluso de sus propios integrantes.

La realidad es que los elementos antisociales de todo tipo siempre buscan aprovecharse de las facilidades y resquicios que inevitablemente existen de manera muy amplia en un régimen de libertad plena, contrario a las más reducidas pero no inexistentes en los estados verdaderamente policíacos típicos de los regímenes autoritarios y/o dictatoriales en los que se aplica no sólo una restricción sino incluso una negación de derechos y libertades. Pero también que los mismos inocentes integrantes de la misma sociedad buscan esos resquicios para hacer lo que ellos mismos consideran pequeñas travesuras como introducir objetos prohibidos a algún lugar, que pueden ser desde algo aparentemente inocuo como licores enmascarados como refrescos o incuso biberones, hasta algo verdaderamente peligroso como drogas y armas.

La intensidad de la controversia se deriva de este contexto, en gran medida como consecuencia de una suerte de actitud de egoísmo e incluso mezquindad, que bien se puede describir por el dicho popular hágase la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre, no en los míos, y que se refiere a la expectativa, casi exigencia, de que no me apliquen a mí las restricciones, porque yo soy bueno, o en todo caso son travesuras sin importancia, pero sí a los demás porque ellos si pueden ser los malos. Actitudes que en ocasiones se cobijan en posiciones de conveniencia particular que responden más a intereses de índole social y/o política, y que sólo contribuyen a polarizar e incluso exacerbar la siempre volátil percepción de la opinión pública, que tiende a identificarse con las imágenes de victimización que suelen emplearse para propósitos de su manipulación.

A manera ilustrativa de lo anterior se puede destacar las protestas por las más rigurosas medidas de seguridad aplicadas en los aeropuertos después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, y que llegaron a un clímax con la introducción de los escáners corporales a partir de 2010 en algunos aeropuertos europeos, que aun cuando producen efectos físicos menos invasivos sobre el cuerpo humano que los escáners de rayos X, provocaron mayor descontento entre los pasajeros debido a que proyectan una imagen más real del cuerpo visualizada a través de la indumentaria, que se podría considerar como desnudo, lo cual se consideró como una invasión no solo a la privacidad, sino a la intimidad personal. En este caso, a pesar de los cuestionamientos en contra de su uso de toda índole, la controversia fue superada aplicando una simple regulación, si te niegas a pasar, te quedas en tierra, lo que ha sido ampliamente cuestionado por las organizaciones defensoras de los derechos humanos.

En este mismo sentido, también se puede mencionar el uso de menores de edad, incluso bebés, para intentar burlar medidas de seguridad restrictivas contra la introducción de objetos prohibidos a algún lugar, y que pueden ser desde artículos de bajo o nulo riesgo, como bebidas embriagantes hasta otros de mayor riesgo como drogas o armas, y cuyos casos más extremos han sido los de bebés drogados para usar su ropa, enseres (juguetes, carriolas, biberones o alimentos, entre otros) e incluso sus cadáveres como medio de transporte por el narcotráfico. Lo cual sustenta e incluso de alguna manera justifica la conveniencia de aplicar medidas de revisión corporal incluso a los menores en ciertas circunstancias que lo ameriten, a pesar de las no por ello menos legítimos reclamos de respeto a la privacidad. Después de todo, más vale prevenir que remediar, y más cuando están en riesgo vidas humanas.

En el caso del evento en el Zócalo capitalino, lo único inédito es que las medidas se aplicaron a un evento organizado por una entidad gubernamental, y que normalmente se exigen a los organizados por entidades privadas, así como para ingresar a instalaciones de alta seguridad, algunas tan comunes como los aeropuertos, y que no por ello representan un agravio contra los derechos y libertades individuales, como la estridencia de algunos grupos lo propalaron, respondiendo a intereses de índole particular. La alternativa a la aplicación de estas medidas preventivas podría haber sido una versión muy ampliada a los lamentables hechos ocurridos en Morelia el 15 de septiembre de 2008, lo cual es absolutamente inaceptable para el bienestar y tranquilidad de la ciudadanía, excepto para quienes se podrían beneficiar de una situación caótica de perturbación y descontento social.

Los agentes agresores, y en general los elementos antisociales, ya sean terroristas o delincuentes, no solo no obedecen a ninguna clase de limitación o escrúpulo para infligir daños a la sociedad, sino que buscan aprovechar y crearse las condiciones favorables para desarrollar exitosamente su negocio usando las facilidades y oportunidades que per se ofrece un régimen de libertad y respeto a los derechos humanos. Por ello la sociedad debe aceptar esta condición como un reto de los nuevos tiempos, y en consecuencia afrontar y asumir el costo de protegerse contra tales prácticas que atentan contra su existencia y funcionamiento, adoptando las formas pertinentes que sean necesarias en sus medidas de seguridad, a pesar de la muy probable estridencia de las voces críticas y opositoras que inevitablemente surgirán y permanecerán en su contexto, hasta que se vean afectadas y pudiesen llegar a cambien su perspectiva en este tema.

Emergencias y privacidad, conflicto en situaciones criticas.

Un aspecto muy relevante para los intereses de privacidad son los datos personales, entre ellos los de ubicación y condiciones de salud sobre los cuáles se pretende mantener la máxima reserva, ya que exponen las debilidades de un individuo. Y sin embargo la disposición precisamente de estos datos se vuelve un factor crítico para la atención de una situación de emergencia, en especial de naturaleza médica. En una circunstancia tal, saber en dónde está y qué le puede pasar a una persona en problemas, es fundamental para decidir el curso de acción a tomar.

Por ello, la disposición de estos datos personales constituye la clave del éxito en un sistema de respuesta a emergencias, como es el servicio de Número Universal de Emergencias 911, según es conocido en Norteamérica, debido a que permite reducir el tiempo de despacho de las unidades de asistencia al tener la certeza del origen y ubicación de la llamada, y permitir que la atención de dedique a la identificación del tipo de emergencia ocurrida.

En nuestro País se ha retomado la idea de implementar un servicio de este tipo, y que ya operó con éxito razonable en el pasado entre 1992 y 2004 bajo la denominación de Servicio de Emergencia 08 en la ciudad de México, en el cual se contaba con estos elementos de información, con lo cual se logró agilizar el despacho de las unidades de asistencia en menos de un minuto. Sin embargo, en la actualidad los servicios de atención de emergencias son operados totalmente por las corporaciones policiacas, a diferencia de la experiencia antes mencionada, que fue operada por una entidad civil pero con mecanismos de comunicación, coordinación y colaboración con las corporaciones institucionales.

Ante las circunstancias actuales de escasa y en ciertos casos nula confiabilidad social en las corporaciones policiacas, la implementación de un servicio de este tipo podría enfrentar un serio obstáculo para propósitos de efectividad, que sería el rechazo de la ciudadanía para proporcionar los indispensables datos personales de ubicación y condición de salud, entre otros, ya que en la mente del ciudadano subyacería un cuestionamiento crucial: ¿pondrías en manos de la policía tus datos personales porque te convendría en un caso de emergencia? Casos como el de Iguala en el estado de Guerrero ciertamente no propiciarían una respuesta favorable.

Corporación Euro Americana de Seguridad México, 2013 © Todos los Derechos Reservados