La controversial pero rotunda transformación de esos iconos nacionales que son la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (PEMEX), de su condición de empresas paraestatales a una inédita de empresas productivas del estado (EPE), como suele ocurrir con todo cambio, engendran situaciones que si bien de alguna manera quedan veladas para la percepción pública por aspectos más llamativos e incluso provocativos, proyectan repercusiones en aspectos cruciales, incluso críticos para su existencia y continuidad de negocio, como es el caso de las cuestiones relacionadas con la seguridad física de sus instalaciones.

Antes de las reformas, por su condición de empresas paraestatales, tanto CFE como PEMEX disponían, y por el momento continúan disponiendo del apoyo de las fuerzas armadas para la protección de sus instalaciones, en virtud de su doble condición de ser parte de la estructura institucional y constituir un acervo estratégico para el País. Pero con el cambio de su condición jurídica, aunque mantienen su atributo de propiedad del Estado así como su condición de acervo estratégico, se agrega la circunstancia de su integración a un contexto de competencia con las empresas que ingresarán al negocio energético, y que inevitablemente exigirán condiciones de equidad, entre las que se podría contemplar el aspecto de la seguridad.

En términos generales se proyecta que el ingreso de empresas privadas al negocio energético, implicará el establecimiento de instalaciones productivas similares a las actualmente existentes en CFE y PEMEX, que por su naturaleza eventualmente pudieran llega a detentar la categoría de Triple A , y que en consecuencia demandarán servicios especializados para su protección. Servicios que en la actualidad no existen en nuestro País por parte de proveedores privados, de tal suerte que la cuestión crítica en esta materia es que los únicos recursos con la capacidad especializada para desplegar una protección efectiva en instalaciones estratégicas, son las fuerzas armadas. Ante este panorama, se proyectan las siguientes posibilidades de escenarios:

Primero. Seguir recurriendo a las fuerzas armadas para proteger este tipo de instalaciones, pero abriendo la posibilidad de acceder a sus servicios también a las empresas privadas que ingresen al sector, aplicando cargos por dichos servicios incluso a CFE y PEMEX a fin de mantener condiciones de equidad en la competitividad. En este sentido, el riesgo en las condiciones actuales es colocar a las fuerzas armadas en una situación de insuficiencia para atender las demandas muy probablemente crecientes del sector energético bajo las nuevas reglas, y al mismo tiempo no descuidar sus responsabilidades institucionales ante la población, en particular frente las demandas actuales que las involucran de fondo en el combate a la delincuencia.

Para esta alternativa de escenario se proyectan aspectos desfavorables muy significativos, entre los que destacan, de manera enunciativa más no limitativa, los índices de abandono de la institución castrense por parte de algunos elementos, que comprometen de por sí el potencial de efectividad operativa en sus responsabilidades institucionales, así como el grave riesgo de distraer y desviar el sentido natural de las fuerzas armadas al involucrarse en tareas de índole privada, muy ajenas a dichas responsabilidades. En este sentido, la opción más conveniente podría ser la creación de una corporación con una base de preparación castrense, pero al mismo tiempo con un enfoque especializado, semejante al concepto del Servicio de Protección Federal.

Segundo. Desarrollar una capacidad de protección propia con base en el personal que actualmente desempeña las funciones de vigilancia en CFE y PEMEX para relevar al menos algunas de las funciones que actualmente desempeñan las fuerzas armadas. Sin embargo, por las condiciones laborales actuales de este personal que exhiben perfiles de actitud y aptitud inadecuados, este escenario se contempla como una posibilidad sumamente cuestionable para propósitos de efectividad, ya que se requeriría inducir un cambio radical tanto en las condiciones laborales como en los esquemas de preparación, si es que se desea desarrollarlo con los elementos actuales, o bien considerar un cambio total de elementos y organización bajo un nuevo enfoque conceptual.

Tercero. Abrir la posibilidad para que se establezcan empresas privadas con la capacidad de ofrecer estos servicios especializados con la efectividad pertinente. Para ello sería necesario modificar sustancialmente algunos marcos regulatorios como los aplicables a las empresas de seguridad privada y las que se refieren a la posesión y uso de armamento, en condiciones similares a como operan las empresas de traslado de valores. En este escenario eventualmente podría presentarse la exigencia de permitir el ingreso de proveedores extranjeros, por parte de empresas privadas de ese origen, lo que podría plantear cuestionamientos vinculados a aspectos de soberanía y seguridad nacional.

Para esta alternativa de escenario, es inevitable que por un lado surjan las reminiscencias históricas de las guardias blancas utilizadas por las empresas extranjeras, con las que a principios del siglo XX llegaron no sólo a enfrentar al Estado Mexicano al grado de impedir el acceso a sus instalaciones a las representaciones institucionales, sino incluso a considerar la secesión de la zona petrolera. Asimismo, los problemas creados por empresas de seguridad privada en zonas de conflicto, como fué el caso de la empresa Blackwater en Irak durante la denominada Segunda Guerra del Golfo en 2007, y que diversos medios han proyectado como una posible tendencia hacia la privatización de los conflictos armados en el Siglo XXI.

Independientemente de quien posea u opere las instalaciones productivas en el sector energético, ya sea las nuevas EPE o bien las empresas privadas, es inevitable que su repercusión siempre será de relevancia estratégica para el País, y por ello su protección a su vez será una cuestión de la mayor prioridad e importancia para la Nación. Y encontrar la mejor solución para su seguridad será una cuestión fundamental, la cual no tiene que ser necesariamente tajante e inmediata, porque se correría el grave riesgo de provocar situaciones inconvenientes al tratar de violentar el ritmo de los cambios. Sin embrago, cualesquiera que sea la solución que se adopte, parcial o total, temporal o definitiva, debe considerar ante todo la prevalencia de la soberanía nacional y la rectoría del Estado. Ni volver a cometer los errores del pasado, ni cometer errores de nuevo cuño. Es el reto.

Quien olvida su historia, está condenado a repetirla
Marco Tulio Cicerón