Los conatos de incendios son los eventos de riesgo de mayor incidencia, sólo por debajo de los accidentes personales. Por ello, las personas con una base de cultura, convicción y/o sentido de la seguridad personal, o bien que deben cumplir con alguna forma de obligaciones normativas en la materia, suelen adquirir equipos para la extinción de incendios, de los cuales los más comunes son los extintores portátiles.

Estos extintores operan a base de un componente activo contenido en su interior que es lo que actúa como el agente de extinción, de acuerdo al tipo de fuego que pretende combatir, que puede ser de tipo A (agua a presión para tela, madera y papel), B (polvo químico para elementos combustibles y sustancias grasas) o C (bióxido de carbono o gas halón para electricidad).

La naturaleza química de los agentes extintores, así como la presencia de mecanismos en el equipo, constituyen una condición dinámica que tiende a degradarse en el tiempo (degradación de la composición química, pérdida de presión, etc.), lo que repercute como una reducción de su efectividad. Por ello se requiere de revisiones frecuentes a los equipos, y eventualmente el reemplazo del agente y el ajuste de sus mecanismos.

La respuesta a esta necesidad es precisamente el negocio de la revisión, mantenimiento y recarga de los extintores, en el cual una empresa proporciona este servicio, lo que en principio está regulado por un conjunto de normas oficiales en la materia, que especifican las condiciones de proceso para estos servicios, así como para el contenido del agente extintor dentro del equipo (composición, peso, presión, etc.).

En términos generales, el servicio de recarga consiste en vaciar el contenido degradado del extintor, ajustar los mecanismos, y volverlo a cargar con un agente nuevo, cuyo nivel de efectividad esté acorde a la norma correspondiente. Y aquí surgen algunas preguntas incómodas ¿qué pasa con los contenidos retirados? ¿Cómo se puede comprobar si el servicio se ha hecho correctamente, de acuerdo a la norma?

La razón para estos cuestionamientos, proviene de las siguientes posibilidades:

• Las normas son claras y en principio de cumplimiento obligatorio, de tal manera que cualquier violación a las mismas implica la aplicación de sanciones, incluso extremas. Pero su aplicación se basa en gran medida en una base de confianza en la seriedad de las empresas, ya que no se tiene la presencia permanente de una supervisión institucional en las instalaciones de las mismas. Y el negocio de la recarga de extintores es, ante todo, un negocio, con consideraciones de beneficio económico.
• Los contenidos retirados se pueden mezclar con contenido nuevo, incluso incorporando pigmentos para simular una apariencia de contenido nuevo, y usarse para recargar los equipos, lo cual redunda en un beneficio financiero para la empresa. Sólo hay dos maneras de verificar esta posibilidad: con un examen de laboratorio, lo cual implica un costo, además de una extracción de contenido que eventualmente implica una recarga y costo adicional, o bien usándolo en una situación de combate de fuego. El problema es que en éste último caso, la verificación implicaría algún daño a personas y/o propiedades, además de que las empresas se suelen justificar argumentando que se utilizó incorrectamente el equipo, lo cual es cierto en la mayoría de los casos.
• Para el caso particular de los equipos con agente extintor a base de gas halón, se tienen a su vez dos escenarios. El primer escenario es que en algunos casos en que se hace la recarga, el contenido nuevo no es totalmente gas halón, sino una mezcla con gas freón, en una proporción hasta del 80%, con una repercusión similar al caso de recarga con contenido mezclado. El segundo escenario es que en algunos casos, cuando de acuerdo al Protocolo de Montreal se efectúa la sustitución del gas halón por otro agente, ya sea agua pulverizada o polvo químico, la empresa se puede beneficiar de la venta de éste a un Banco de Halón. Esto que no pasa de ser una práctica convencional de negocios, proyecta algunas posibles implicaciones de responsabilidad cuando se involucra a dependencias públicas, ya que una empresa puede aprovecharse de los diferenciales de costo y precio, y ofrecer un precio por debajo del nivel de mercado para ganar una licitación, con la perspectiva de obtener un beneficio mucho mayor, aprovechándose de la ignorancia real o virtual de la dependencia.

Estas posibilidades proyectan una perspectiva amplia de beneficio para las empresas, pero a costa de un riesgo para los usuarios, con amplias ventajas para las primeras, y muy pocas opciones de protección y defensa como consumidores para los segundos, además de daños en caso de que se enfrenten a una verdadera situación de emergencia, y que los equipos no funcionen correctamente.

Sin embargo, como una respuesta práctica a esta situación, se puede adoptar la medida de vaciar totalmente el contenido de los extintores que se enviarán a recarga, a fin de asegurar que se sustituye totalmente el contenido, y que éste no sea reciclado de manera contraria a las normas. Adicionalmente, se puede aprovechar esta medida para efectuar prácticas en vivo de combate de incendios, con lo cual se obtiene un doble beneficio.

Y en lo que respecta a las dependencias públicas, si se efectúa una valoración de las condiciones de mercado, con un poco de habilidad administrativa es posible aprovechar la sustitución de los equipos de gas halón para que no represente un gasto, sino que incluso se pueda obtener alguna forma de beneficio para las mismas, en la línea de un ejercicio responsable de los recursos públicos.

De manera ilustrativa, podemos tomar el siguiente ejemplo: Si el costo de mercado para la recarga de un equipo es de $28.00 el kilo, y una empresa ofrece un costo de $18.00, ciertamente tendrá una alta posibilidad de ganar la licitación. Y lo que aparentemente sería una pérdida de $10.00 por kilo, en realidad se convierte en un beneficio adicional de $17.00 por kilo, ya que el gas halón se puede vender a un Banco de Halón en $55.00 por kilo, con lo cual no sólo cubre el costo de mercado sino que obtiene un beneficio mucho mayor.

Por el contrario, si la dependencia vende directamente el gas halón a un Banco de Halón, obtiene recursos con los cuales no solo puede cubrir los servicios de recarga de los equipos, sin repercutir sobre los recursos presupuestales, sino incluso obtener algunos recursos adicionales para sustentar sus actividades institucionales.

Asimismo y en esta misma línea de un ejercicio responsable de los recursos públicos, se proyecta como conveniente incluir una condición adicional en las licitaciones que contemple la verificación de los equipos, aplicando lo establecido en la norma NMXZ121987 a fin de asegurar tanto el cumplimiento de las normas establecidas en la materia, como las condiciones de funcionalidad de los mismos, que en última instancia es lo más importante desde la perspectiva de la seguridad.

En el ámbito de la seguridad, no es malo hacer negocio con las necesidades en la materia, el problema es que se haga negocio a costa de exponer a riesgos a los usuarios de los servicios. Porque las consecuencias en este ámbito, no son los de un simple cliente insatisfecho con un producto, sino posiblemente un cliente lesionado, o algo peor, por un mal producto. Después de todo, hay que recordar que EN SEGURIDAD, NO HAY UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD.