La seguridad constituye una demanda y recientemente un enfático reclamo social, pero que por su naturaleza de responsabilidad institucional del Estado, se enfoca a privilegiar la protección y salvaguarda de los intereses colectivos y/o mayoritarios por sobre los intereses minoritarios e individuales, cuya atención se deja a cargo de los propios particulares.

En este contexto hoy día la capacidad de las instituciones para cumplir con su responsabilidad social se encuentra afectada por dos problemas, deficiencia e insuficiencia. De los cuales, el problema de deficiencia puede llegar a ser superado a través de esfuerzos institucionales de mejora organizacional, como son los programas emprendidos por las instituciones de todos los ámbitos. Pero el de insuficiencia difícilmente lo será, por la eterna cuestión de las limitaciones presupuestales.

Por ello, las instituciones requieren del concurso de las fuerzas sociales para compensar su problema de insuficiencia, y lo suelen hacer a través de programas de convocatoria e integración de la participación ciudadana. En cuyo contexto una de las fuerzas sociales que puede participar son las organizaciones dedicadas a prestar servicios de seguridad privada.

Los servicios de seguridad privada constituyen una alternativa técnica profesional, que se inscribe en el ámbito de las aportaciones sociales disponibles para coadyuvar a superar el problema de insuficiencia que padecen las instituciones responsables de la seguridad pública. Y que como auxiliares de éstas, de acuerdo a lo que establece el Artículo 2 en su fracción I de la actual Ley Federal de Seguridad Privada, se enfocan a la protección y salvaguarda de los intereses de los particulares.

Pero estos servicios tienen una particularidad, y es que constituyen ante todo una actividad de negocio en el ámbito de la seguridad, de tal suerte que están sometidos a los fenómenos naturales de cualquier contexto de mercado, la ley de la oferta y la demanda. Aunado a esta situación se tiene que están sometidos a un doble marco regulatorio, en su condición de empresas, como establecimientos mercantiles, y en su condición específica de servicios de seguridad, y ello en dos niveles de gobierno, federal y local, en ambos aspectos.

En lo que se refiere al marco regulatorio, la estructura y contenido presenta algunas condiciones de ambigüedad, diversidad e insuficiencia, tanto de manera individual como entre ellos, lo que favorece la discrecionalidad en su aplicación, así como espacios de oportunidad para prácticas de corrupción. Asimismo, se presenta una situación de confrontación entre las instancias local y federal, en donde las primeras desacatan la prevalencia de la segunda, sin que sufran sanciones por ello.

A manera ilustrativa, podemos comentar un caso muy conocido de tres marcos regulatorios con un contexto de aplicación físicamente coincidente, la Zona Metropolitana del Valle de México donde pueden concurrir el marco Federal, el del Distrito Federal y el del Estado de México.

• En el marco Federal, se establecen 6 modalidades (Artículo 15 de la Ley Federal de Seguridad Privada), y se demanda la capacitación (Artículos 25 fracción VIII y IX, 28 fracción IV, 29, 30 y 31 de la Ley Federal de Seguridad Privada), pero sin especificar contenidos ni restringir a los agentes de capacitación, y remitiendo la competencia para calificarlos a la STPS (Artículo 23 del Reglamento de los Servicios de Seguridad Privada).
• En el marco del Distrito Federal, por cierto muy similar en contenido al marco Federal aunque no en estructura, se establecen 3 modalidades (Artículo 5 fracción II de la Ley de Seguridad Privada del DF), y se demanda la capacitación (Artículos 14 fracción IX, 19 fracciones X y XI de la Seguridad Privada del DF) remitiendo la competencia a la STPS, pero si especifica contenido de programas y manuales, así como requisitos para los capacitadores (Artículos 5 fracción a sección I inciso h, 30 y 31 del Reglamento de la Ley de Servicios de Seguridad Privada en el DF).
• En el marco del Estado de México, también similar en contenido al marco Federal aunque no en estructura, se establecen 6 modalidades (Artículo 5 de la Ley de Empresas de Seguridad Privada en EDM), y se demanda la capacitación (Artículo 29 fracción IV), pero restringe la capacitación a las instituciones estatales (Artículos 8 fracción V, y 30).
• Y ocurre que una empresa que prestase sus servicios en la Zona Metropolitana del Valle de México, con tan solo dos contratos, uno en el DF y otro en alguno de los municipios connurbados, bien podría acogerse al marco Federal (Artículo 1 de la Ley Federal de Seguridad Privada), con lo que no tendría que someterse al ámbito ni del DF ni del EDM, según lo confirmó la SCJN el pasado 10 de marzo de 2008 en la resolución de la controversia constitucional presentada por el DF a este respecto.
• Y sin embargo, son conocidos, e incluso sufridos, por algunos empresarios los casos de hostigamiento, presiones e incluso clausuras por alguna de las autoridades locales, desconociendo la prevalencia del ordenamiento Federal. Y sin sufrir ninguna consecuencia por ello, mientras que si provocan repercusiones en las empresas, principalmente de índole económica y de imagen y prestigio comercial y de negocios.

Adicionalmente y por coincidencia, casi todas las instancias institucionales locales cuentan con organizaciones auxiliares que prestan servicios de seguridad privada. Las cuales suelen estar al margen de esta aplicación discrecional de las normas, por lo que se ven favorecidas en sus actividades de negocio, como son los casos de las corporaciones de policía auxiliar en los Estados e incluso Municipios.

Ejemplo de ello, es el abuso de la licencia colectiva de armas otorgada a las corporaciones de seguridad pública, bajo la cual amparan a sus organizaciones auxiliares, como quedó demostrado en el caso de los custodios de la Policía Bancaria e Industrial del D.F. detenidos en Sinaloa, cuando de acuerdo a la declaración de la propia Secretaría de la Defensa, dicha licencia no permite el uso de armas para los servicios de seguridad privada.

Recurriendo al mismo caso ilustrativo antes mencionado, podemos anotar:

• En el Distrito Federal a la Policía Auxiliar, con algunos antecedentes cuestionables de conocimiento público en su manejo financiero (Caja de Previsión).
• Los Cuerpos de Seguridad Auxiliar del Estado de México (CUSAEM), que incluso han abierto nuevas líneas de servicio como es el caso del Grupo Atenea, que ofrece servicio de guardaespaldas y transportes blindados, anunciada a fines del año pasado (3-Dic08)
• E incluso del nuevo Cuerpo Federal de Policía, que a diferencia de los anteriores, estará integrado a la estructura institucional de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, pero enfocado a atender a particulares.

Por otra parte, en lo que se refiere al ámbito de la actividad empresarial se presenta un perfil de demanda se puede describir como de alta exigencia y baja retribución, en virtud de que los clientes tienen expectativas distorsionadas de lo que entienden por perfil de funcionamiento y rendimiento del servicio, así como del costo real de un alto nivel de calidad en los mismos, que no son proclives a aceptar.

Es importante señalar que estas expectativas distorsionadas generalmente se derivan del desconocimiento de los clientes acerca de la naturaleza y las condiciones reales y prácticas del negocio de la seguridad. Y en muchas ocasiones de un desinterés a conveniencia para comprenderlo a fin de obtener ventajas económicas, olvidando que en cuestiones críticas a fin de cuentas, lo barato sale caro.

En este mismo ámbito se presenta un creciente fenómeno de competencia desleal, naturalmente propiciado y estimulado por los propios clientes con la obvia intención de obtener ventajas comerciales. Y también en ocasiones tolerado por algunas instancias institucionales por ser espacios de oportunidad para las prácticas de corrupción, y que en conjunto desincentivan a las empresas para que ofrezcan servicios de mayor calidad.

No puede explicarse de otra manera que se hable de la existencia de 10 mil empresas en todo el País, de las cuales sólo 520 tienen permiso del marco Federal, y alrededor de otras 500 en el DF. La pregunta es ¿cómo se sabe que existen las no registradas? ¿y si se sabe de su existencia, por qué no se han regularizado? Cuando muchas de ellas se anuncian abiertamente en la Sección Amarilla del servicio telefónico y en los medios de comunicación masiva.

Un aspecto probablemente de mayor impacto que los anteriores es un factor que se podría considerar como un enemigo interno, presente como un atributo innato dentro de las propias organizaciones por la forma en que se han creado, y es la carencia de una visión estratégica empresarial, así como de formación y disciplina organizacional, lo que les dificulta fortalecer su posición de negocio en un entorno cambiante y/o adverso.

Esta condición no es exclusiva del negocio de la seguridad privada, sino común al 80% de las empresas en México, que nacen no con un diseño corporativo, sino como resultado de iniciativas personales, familiares o de grupos de amigos.

Dentro de este ámbito organizacional se ubica a su vez otro factor de impacto, de relevancia mucho más determinante, el recurso humano, el cual en ocasiones, lamentablemente demasiado frecuentes por cuestiones de conveniencia económica para las empresas, suele estar insuficientemente capacitado, retribuido y motivado para desarrollar un desempeño efectivo de las tareas de seguridad.

En síntesis, el ámbito de los servicios de seguridad privada actualmente constituye un mercado dominado por la demanda, en donde los clientes son los que por lo general imponen los costos y las condiciones ya que existe una oferta de servicios muy amplia, dispersa, diversa, sin sentido de normalización de negocio ni de unidad empresarial, y sometido a un marco regulatorio que induce inestabilidad e incertidumbre al empresario.

Las empresas de seguridad privada pueden llegar a integrar una fuerza auxiliar efectiva para coadyuvar en las tareas de seguridad con las instituciones públicas, si en lugar de dificultarles el desempeño de su trabajo, se les proporcionan facilidades e incentivos para superar las condiciones adversas que enfrentan, y que en conjunto conforman un círculo vicioso que condiciona y limita las posibilidades para el progreso del sector:

• Incertidumbre en cuanto a las posibilidades para permanecer y crecer en el mercado de los servicios de seguridad privada, por la ambigüedad y discrecionalidad en la cobertura y aplicación del marco regulatorio que permite tanto el hostigamiento institucional a empresas en el límite de la supervivencia financiera, como la tolerancia hacia la competencia desleal.
• Falta de incentivos para buscar un desarrollo empresarial así como para procurar la mejora en la calidad de los servicios, de manera similar a como se ha hecho en otros ámbitos para mejorar la competitividad del negocio, ante la reticencia del mercado para aceptar mayores costos ante una expectativa poco clara de los beneficios a obtener.
• Falta de visión estratégica para impulsar la normalización e integración del sector, con base en el fortalecimiento de las empresas y no de su debilitamiento y extinción, así como la mejora en la calidad de los servicios que prestan, a fin de equilibrar las condiciones del mercado en la distribución de los beneficios: servicios de calidad para los clientes y retribuciones justas para los proveedores.

Un aspecto a destacar es que, aún con las condiciones de apertura institucional para la integración de las fuerzas sociales en el actual momento coyuntural de crisis en el ámbito de la seguridad, apenas se ha tomado en cuenta a las empresas de seguridad privada. Y ello sólo en un papel de informadores, para el cual no sólo no están preparados, sino que los coloca en una situación de exposición, sin aprovechar su potencial real.

Otro aspecto interesante es que se habla mucho de lo negativo en el sector, destacando la gran cantidad de problemas que existen, desde la gran cantidad de empresas que no cumplen con las regulaciones, hasta las prácticas de corrupción y los riesgos que representan las empresas denominadas patito o piratas, como refugio de elementos antisociales, pero no se promueven propuestas efectivas para su solución.

Por ello, es importante entender y aceptar que es conveniente para todos el contar con un sector fortalecido

• A los clientes, porque recibirán un mejor servicio, efectivo y de calidad.
• A las empresas, porque obtendrán beneficios comerciales que les permitirán no sólo permanecer sino crecer.
• Y a las instituciones porque contarán con una fuerza auxiliar efectiva, que les permitirá concentrar sus fuerzas en atender su responsabilidad social.

Pero este propósito, como en la mayoría de los fenómenos sociales, no es posible lograrlo por medio de iniciativas y esfuerzos individuales y descoordinados, por más innovadores y llenos de buena voluntad que sean. Sino que se requiere de un esfuerzo combinado y coordinado de todas las partes involucradas en el desarrollo del sector de los servicios de seguridad privada, instituciones, proveedores y clientes, a fin de:

1. Establecer un marco regulatorio, homogéneo y unificado entre las instancias federal y locales, con reglas claras y plausibles, así como mecanismos transparentes para su aplicación, que aseguren y faciliten su cumplimiento, de tal manera que se reduzcan los espacios de discrecionalidad, así como las oportunidades para las prácticas de hostigamiento y corrupción.
2. Promover e impulsar la conformación del sector como un ámbito ordenado y normalizado de negocio, con procesos de integración y alineación empresarial, apoyos institucionales para su fortalecimiento organizacional, así como facilidades para su desarrollo estratégico como negocio, con perspectivas de beneficios equitativos, de manera similar a lo que ya se ha hecho en otros ámbitos de mercado.

El sector de los servicios de seguridad privada constituye ante todo un ámbito de negocio, con un potencial de impacto de beneficio o perjuicio, según se desarrolle, sobre los dos campos de mayor prioridad y relevancia social, la subsistencia y la seguridad. En el primer caso en su papel como generador de fuentes de empleo, y en el segundo, como una línea de contribución a la viabilidad y progreso social.

La seguridad privada, al igual que la seguridad en general, enfrenta una severa crisis que los pone ante una disyuntiva: permanecer como está y seguir sufriendo las consecuencias, o intentar el cambio que lo lleve a superarlo. Una decisión para la que se debe tener en cuenta que el que no aplique nuevos remedios, debe esperar nuevos males, porque el tiempo es el máximo innovador (Francisco Bacon).

Es indudable que se requiere de un reordenamiento en los servicios de seguridad privada en nuestro País, pero que debe realizarse a base de inteligencia, entendimiento y colaboración entre instituciones y empresarios, y no por medio de soluciones impositivas, unilaterales y abusivas, como algunos políticos lo proponen sotto voce en los medios, desde una posición institucional y casualmente en medio de tiempos electorales.

Hoy día, la imposición, más que proposición, institucional consiste en mayores controles y restricciones para las empresas de seguridad privada, incluso al grado de querer incorporar y disponer de los recursos humanos como parte de sus fuerzas, a la vez que refuerza, favorece e incluso amplia sus organizaciones auxiliares, en una posición de juez y parte que ciertamente cuestiona su credibilidad.

Por ejemplo, cabría la pregunta de si alguna de los diversas policías auxiliares que existen en el País NO se cobija bajo la licencia colectiva de armas otorgadas para el servicio público, y en teoría prohibida para prestar servicios de seguridad privada y fuera de su jurisdicción, según declaraciones de la SEDENA, cuando vemos los casos del CUSAEM prestando servicios en el D.F., o de la PBI en servicio en Sinaloa.

Si esto hacen las corporaciones estatales, ¿qué no podría hacer el nuevo Servicio de Protección Federal, cobijado y tal vez solapado por la máxima autoridad en la materia en el País? ¿Cómo se garantizaría que este cuerpo será mejor que las empresas de seguridad privada, o que las corporaciones de seguridad pública, si éstas manifiestan evidentes señales de deficiencia?

Zapatero a tus zapatos. ¿No sería más benéfico para la sociedad que las instituciones fortalecieran el servicio a la ciudadanía, que es su responsabilidad, en vez de incursionar en terrenos que pueden ser atendidos de otra manera? ¿Por qué no buscar soluciones de colaboración en vez de confrontación y sometimiento con amplios espacios para la discrecionalidad unilateral?

Buscar la mejor manera de conjuntar los esfuerzos de instituciones y empresas, para alcanzar su objetivo común, la protección y salvaguarda de la vida e integridad de las personas y sus propiedades, la preservación del orden y la tranquilidad, así como el libre ejercicio de los derechos, en el ámbito colectivo para las primeras, y de particulares para las segundas, a fin cumplir con el compromiso que ambos tienen con la Sociedad.

...Y si así lo hicieren, que la Nación se los premie, y si no, que se los demande …