El negocio del transporte se proyecta como un agente esencial para la construcción del bienestar y la prosperidad social ya que su cometido de llevar los bienes a donde se necesitan constituye el pilar de los procesos de abastecimiento que sustentan la factibilidad y viabilidad existencial de toda sociedad. En este sentido se puede establecer que las amenazas contra este ámbito de negocio será todo aquello que interfiera o interrumpa la circulación de los transportes en los caminos y les impida llegar a su destino a entregar en tiempo y forma los bienes que acarrean.

Los daños y perjuicios que provocan estas amenazas a los transportes consisten en obstrucciones a la continuidad de los procesos de negocio tanto de suministro como de comercialización de los bienes transportados, lo que en casos extremos puede representar la pérdida de dichos bienes e incluso de los activos de transporte, ocasionando quebrantos financieros y patrimoniales que repercuten en las perspectivas de productividad, rentabilidad y eventualmente de competitividad de negocio.

Por ello una cuestión fundamental consiste en identificar las posibles amenazas, los riesgos que representan y el daño que pueden ocasionar, a fin de conformar las medidas de protección para evitar dichos riesgos y daños a los transportes, las cuales se agrupan en tres formas genéricas: Averías, Accidentes y Agresiones; que se pueden denominar como la Triple A, y describir en los siguientes términos:

• AVERIAS, que consisten en fallas o descomposturas del vehículo que le impiden desplazarse, pero que puede ser reactivado o remolcado. El riesgo consecuente es la exposición a sustracciones de los bienes, e incluso de los activos de transporte, por su permanencia en lugares no controlables (sitio de la avería). Se requiere apoyo de custodia para la protección de los bienes mientras el vehículo es reactivado y, si es el caso, durante su traslado asistido (remolque) a un sitio seguro.
• ACCIDENTES, que consisten en daños infligidos al vehículo y/o al conductor por un percance durante el recorrido, que le ocasionan una avería o circunstancia que le impiden su desplazamiento. El riesgo consecuente es la exposición de los bienes y los activos de transporte a sustracciones o pérdidas, ya sea por su permanencia en sitios no controlables (sitio de la avería), o bien por las circunstancias del accidente (colisiones). Se requiere apoyo de custodia para la protección de los bienes mientras llega la asistencia médica, mecánica y/o jurídica y, si es el caso, durante su traslado asistido (remolque) a un sitio seguro.
• AGRESIONES, que consisten en cualquier forma de ataques contra el transporte con el propósito de sustraer o destruir los bienes y/o el propio vehículo. El riesgo consecuente es la pérdida parcial o total de los bienes, o incluso de los activos de transporte. Se requiere apoyo de una intervención de fuerza para evitar la sustracción o destrucción, y en su caso recuperar los bienes y/o el vehículo.

De tal manera que para enfrentar esta Triple A, de acuerdo a las condiciones antes descritas, se configuran tres vertientes básicas de acción, las cuales consisten en:

• PREVENCIÓN, que comprende acciones orientadas a proteger, esto es evitar que ocurran los riesgos, y que equivalen a tapar el pozo antes de que se caiga el niño. En esta vertiente se contemplan acciones como la revisión de las condiciones del vehículo antes de que salga, la aplicación de técnicas de manejo seguro, el cumplimiento estricto del plan de recorrido y el uso de tácticas para la evasión de riesgos.
• REACCIÓN, que comprende acciones orientadas a salvaguardar, esto es evitar que se causen o extiendan los daños cuando ya se han manifestado los riesgos, y que equivalen a sacar al niño del pozo antes de que se ahogue. En esta vertiente se contemplan acciones como la detección oportuna, la gestión de los recursos de apoyo pertinentes, la aplicación de protocolos de verificación mediante comunicación encubierta, y de cierta capacidad de intervención de bajo riesgo con mecanismos como el paro de motor.
• SEGUIMIENTO, que comprende acciones orientadas a revertir, reducir y/o resarcir de alguna forma los daños causados, y que equivalen a tapar el pozo después del niño ahogado. En esta vertiente se contemplan acciones como confirmar del despacho de los apoyos, el arribo o despliegue de los apoyos solicitados, y verificar la solución aplicada o el resultado del despliegue de los apoyos.

Una vez en el camino un transporte está aislado y desguarnecido para enfrentar y resolver los problemas que se le presenten durante el recorrido, incluso las amenazas, de tal manera que si requiere alguna clase de apoyo solo se puede solicitar por alguna forma de notificación, en el mejor de los casos por el conductor o algún testigo del evento, lo que no sería posible bajo circunstancias extremas en que el personal a bordo resulte incapacitado, lo cual es un riesgo casi inminente en accidentes y agresiones. Ante este escenario la mejor opción es el rastreo (tracking) desde un centro de monitoreo con apoyo de tecnología, como un sistema de geolocalización operado bajo un esquema de monitoreo activo y con el respaldo de un instrumento (plan de ruta) que facilite la valoración de la situación para una mejor toma de decisiones y la gestión de los recursos de apoyo pertinentes.

En consecuencia, si bien es inevitable que los transportes estén solos durante su recorrido, por una simple cuestión de beneficios para el negocio no deben estar abandonados ante las amenazas en el camino. Por ello la conveniencia recomienda transitar del concepto del transportista tipo caja negra (que se sabe cuando sale y se espera que llegue cuando debe, pero con incertidumbre acerca de lo que ocurre durante su tránsito en el camino), al despliegue de un sistema semejante al control de tráfico aéreo, operado por el proveedor del servicio de transporte y dando acceso al cliente del mismo, con enfoque de monitoreo activo y capacidad de gestión pre-negociada para una respuesta inmediata de los recursos de apoyo, en especial ante las corporaciones institucionales de seguridad pública.

Un modelo de operación que combina los formatos operativos de rastreo y de central de emergencias, que en conjunto brindan facilidades de control y protección para potenciar la efectividad funcional del negocio del transporte ante las condiciones de competitividad e inseguridad que prevalecen en la actualidad de nuestro País.