El ser humano actúa predominantemente con una perspectiva visual, como se describe en expresiones populares como ver para creer o una imagen vale más que mil palabras, por lo que una imagen es la forma más convincente de una prueba acerca de un hecho, cuya validez depende de la credibilidad de su vinculación como una reproducción correcta, es decir fiel, fehaciente o fidedigna del mismo, y aceptable en términos de lo que se pretende valorar.

El Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) organizó el 29 de Abril un Foro Debate acerca de Los videos como prueba en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, con el Maestro Roberto Hernández Martínez, en el cual se hicieron planteamientos que coinciden con la perspectiva presentada en la colaboración publicada en la edición 100 de Enero-Febrero de 2017, entre los que destacan los siguientes:

1. Una imagen NO necesita explicaciones, se explica por sí misma, y su efectividad descriptiva, así como su efecto en los involucrados en un proceso judicial, suele ser incuestionable.
2. NO existe un marco regulatorio específico, ni experiencia de casos ocurridos, que sirvan como referentes para determinar la forma de uso de los videos como pruebas en un proceso judicial, por lo que es indispensable crear un marco específico bajo las condiciones para el manejo de Elementos de Prueba en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA), y tomando en cuenta referentes en la materia de otros países.
3. Bajo el enfoque de Libertad de Prueba aplicado al SJPA, los videos podrían ser considerados como Elementos de Prueba, no solo Auxiliares de acuerdo al concepto del Testimonio Pictórico como apoyo al testimonio de un testigo, sino en carácter de Sustantivos, como evidencias per se en forma de Testimonio Silente.
4. Para estos efectos, el factor clave sería asegurar que las imágenes en el contenido de los registros de video constituyan una Reproducción Correcta de los eventos, condición que debería ser verificada y corroborada por un perito en la materia, aceptable por todas las partes intervinientes en un proceso judicial, con el propósito de que dichos contenidos sean válidos como Elementos de Prueba bajo los términos del SJPA, considerando que dicha valoración sería a través de alguna forma de escrutinio por parte de un juez y no de jurados, como ocurre en otros países.
5. Asimismo, se deberá aplicar permanentemente alguna forma de mecanismo de cadena de custodia a la administración de los equipos de un Sistema de Video Vigilancia (SVV), en particular sobre los procesos de manipulación de los registros de video, ya que no es posible saber en qué momento uno de tales de registros puede convertirse en un Elemento de Prueba para un proceso judicial, además de que puede transcurrir un cierto tiempo entre el momento de la grabación y el momento de su identificación como posible evidencia.
6. Y con el propósito de asegurar la validez de los videos como prueba, se deberán considerar algunos aspectos como los siguientes, propuestos de manera enunciativa más no limitativa:

• Testimonio de expertos o peritos que corroboren la validez de los videos como reproducción correcta de los hechos, de preferencia representando a todas las partes involucrados en un proceso judicial.
• Testimonio de certidumbre con un procedimiento de cadena de custodia aplicado en la manipulación de los videos, desde los equipos en que fueron captados, hasta su presentación y reproducción en las instancias procesales.
• Mecanismo de control sobre el uso de los componentes del sistema de video vigilancia, y de la integridad fidedigna del contenido de los videos, a fin de asegurar su validez como Elementos de Prueba.
• Testimonio de certidumbre de la integridad fidedigna del contenido de los videos como reproducción correcta de los hechos.
• Procedimientos del SVV, respecto a la operación de los recursos, su funcionamiento, la administración de los registros, la ubicación de los recursos, la revisión del contenido de los registros, su extracción y el mecanismo de cadena de custodia.

En este contexto la responsabilidad crucial que permitiría mantener la validez de los videos como Elementos de Prueba recaería en el personal de Soporte Técnico a cargo de la administración de los equipos, y de la manipulación de los registros de video. Por ello se requeriría que este personal tenga los conocimientos para administrar los equipos, y además para aplicar con precisión el mecanismo de cadena de custodia sobre los registros de video, desde su extracción hasta su entrega a las instancias de proceso judicial, así como para prestar testimonio como experto o perito en un proceso judicial bajo los términos del SJPA.

Asimismo, se podría desestimar la necesidad de involucrar al personal de monitoreo como testigos de un hecho, en virtud de que su testimonio detentaría un fuerte grado de incertidumbre, debido a que las imágenes proyectadas en el momento estarían concurriendo con otras en un mosaico y con dimensiones reducidas, lo que dificultaría una visualización precisa y detallada de los hechos. En este sentido la validez de su testimonio sería el mismo o incluso menor al de cualquier otra persona que observara el mismo registro de video de los hechos, ya que esa otra persona probablemente estaría concentrada sólo en los registros de los hechos de interés y con un enfoque retrospectivo de análisis forense.

Por la naturaleza de sus responsabilidades y su ámbito de operación, se proyecta la mayor probabilidad de involucración para el personal de soporte técnico de los SVV de Seguridad Pública, por lo regular de servicio en los Centros de Comando, Control, Cómputo y Comunicaciones (C4). Sin embargo no se debe descartar la conveniencia de aplicar estas previsiones en instituciones públicas, así como en empresas y organizaciones privadas, a fin de que sus propios registros de video puedan ser aportados con validez de Elementos de prueba en el caso de la comisión de delitos dentro de sus instalaciones.

Las innovaciones, como los SVV, suelen presentar diferencias respecto a condiciones y situaciones pre-existentes, de tal manera que requieren el despliegue de medidas potencialmente inéditas para desplegar su aplicación, ya sea anticipándose a lo que pudiera ocurrir para evitar algunos problemas, reduciendo el posible número de víctimas y daños, o reaccionado a lo que ocurra después de sufrir las consecuencias de todos los problemas por lo regular en términos de víctimas o daños. Lo cual depende de la perspectiva con la que se asuman las responsabilidades hacia el ámbito de protección, con base en lo que se puede considerar como la consigna genérica en el ámbito de la seguridad, Ex Malis, Eligere Minima (Entre dos males, elegir el menor).

El que no aplique nuevos remedios debe esperar nuevos males,
Porque el tiempo es el máximo innovador.